España y Europa entera llevaban lustros acomodados en una economía sin apenas inflación, en la que los bienes básicos apenas se revalorizaban año tras año. Pero la energía lleva meses avisando de que esta situación ha terminado, y ahora, con el conflicto en Ucrania, occidente se puede enfrentar a una situación sin precedentes. Las empresas que más gas y electricidad consumen plantean ya cierres a nivel nacional. Mientras que las comunidades de vecinos estiman si apagar ya las calderas o recortar horas de calefacción.

El aumento de los costes del gas y la luz está obligando a cambiar costumbres que llevaban tiempo arraigadas. Lo cuenta el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, Miguel Ruiz Lizondo. «Hay comunidades que el 31 de marzo van a apagar la caldera, algo que no pasaba desde cuando había un cupo de gasóleo», explica.

Ruiz Lizondo reconoce que los administradores de fincas están teniendo que negociar mucho para mantener los contratos vigentes con las comercializadoras, pero que en muchos casos es imposible. «Pides precio y no te lo confirman hasta el día que firmas el contrato. Y ya no aceptan contratos fijos, todo variable ya», cuenta.

"Hay comunidades que ya solo ponen la calefacción tres horas al día. Desde noviembre del año pasado estamos pasando recibos extraordinarios y derramas a los vecinos para atender el aumento de los precios"

Miguel Ruiz Lizondo - Presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón

Así, muchas empresas comercializadoras de gas que tenían establecidas tarifas fijas están rompiendo sus contratos ante la imposibilidad de mantener la oferta con precios del pasado. «Sigue habiendo contratos con tarifas fijas que aguantan. ¿Hasta cuándo? No lo sé», dice Lizondo.

Por este motivo, desde el Colegio de Administradores de Fincas están «recomendando a todo el mundo que se reduzca considerablemente» el consumo de luz, gas y gasoil. «Hay comunidades que ya solo ponen la calefacción tres horas al día. Desde noviembre del año pasado estamos pasando recibos extraordinarios y derramas a los vecinos para atender el aumento de los precios. Y después de dos años de pandemia, con mucha gente en erte, hay gente que no está para gastos extra», cuenta.

De 5.000 a 18.000 euros al mes en un año

La escalada de los precios comenzó a finales del año pasado. «Los recibos de noviembre, diciembre y enero fueron ya del triple. Ahora en febrero no se notará mucho más, pero en marzo las facturas se encarecerán todavía más porque ya se notará el efecto de la guerra de Ucrania», añade Lizondo.

El presidente del Colegio de Administradores de Fincas pone un ejemplo práctico: «Sé de una comunidad que en noviembre de 2020 pagó 5.000 euros por la calefacción. En noviembre de 2021 fueron 18.000. Más del triple».

Y si en las comunidades de vecinos la situación es preocupante, no lo es menos en la industria. La empresa Alumalsa ha sido la primera de la comunidad que ha anunciado un parón en la producción ante el incremento del precio de la electricidad. Ahora, los ojos están puestos en otras dos de las compañías electrointensivas grandes de la comunidad: Ferroatlántica, en Monzón, y Megasa, en Zaragoza.

Esta segunda ya paró a finales del año pasado por el aumento de los costes de la luz, pero por ahora no hay confirmación de que vayan a volver a parar. En el caso de Ferroatántica, sí que se sabe ya que su factoría gallega va a sumarse a los paros que han anunciado otras empresas estatales, aunque nada se sabe sobre los planes con la planta de Monzón.

En el País Vasco también va a parar AcelorMittal por el mismo motivo y ya ha anunciado que va a haber ertes, lo que afectará a su empresa auxiliar de automoción de Pedrola.

Desde la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ) admiten que la situación es delicada, si bien no son todas las empresas de este sector las que se ven afectadas por el aumento de los costes de la energía.

Te puede interesar:

Si el sector emplea a unas 70.000 personas (aquí se incluye desde la industria de la automoción hasta la siderúrgica y el gremio de los fontaneros), «habría unos 2.500 empleos» pendientes de los cierres que podrían producirse o de los recortes en la producción por el aumento de los costes de la luz y el gas.

Por su parte, la ministra para la Transición Energética, Teresa Ribera, celebró este miércoles en el Congreso que Europa se abra a fijar un tope del precio de la luz, si bien advirtió que el Gobierno de España podría adelantarse a esta decisión.