El precio de la electricidad en el mercado mayorista lleva desde el pasado verano en niveles desorbitados, una tendencia alcista que se ha intensificado con la guerra de Ucrania y que compromete seriamente la viabilidad económica de las empresas, sobre todo a las industriales, y pone en aprietos a los consumidores. Ante este escenario, una de las fórmulas barajadas para paliar estos sobrecostes sobre la factura es la creación de una empresa pública de energía para gestionar las centrales hidroeléctricas. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha desechado la idea a pesar de tener en sus manos cada vez más activos de este tipo, gracias a la reversión de las concesiones en los ríos que se va produciendo progresivamente. El caso más destacado es de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), que ya tiene en su haber siete explotaciones eléctricas en Aragón y para el periodo 2021-2027 prevé nacionalizar otros seis y un total de 17 en toda la cuenca.
Los saltos hidroeléctricos que ya gestiona y explota esta institución, aunque de forma externalizada en otras empresas, suman una potencia instalada de 64,4 megavatios (MW) y el pasado año generaron 171 gigavatios hora (GWh), lo que equivale al consumo eléctrico anual de unos 50.000 hogares y con la misma se evita la emisión de cerca de 100.000 toneladas de gases contaminantes y de efecto invernadero, según la información facilitada a este diario por la confederación.
Con las reversiones previstas en los cinco próximos años, la CHE se hará con otros 86 MW de potencia y sumará 150 en total, repartidos en 24 plantas, 13 de ellas en tierras aragonesas.
En la cuenca del Ebro hay 363 plantas que aprovechan el agua de los ríos para la producción de energía, de las que más de 150 están ubicadas en la comunidad, con una potencia instalada conjunta de 3.894,5 MW. La Ley de Aguas, del año 2001, contempla que las concesiones en el dominio hidráulico se extinguen al cabo de 75 años y, en este sentido, la CHE se ha propuesto el objetivo prioritario de ir rescatando las centrales hidroeléctricas a medida que van caducando sus licencias.
La energía hidroeléctrica tiene tras de sí una historia centenaria con Aragón. La potencia instalada actualmente en la comunidad es de 1.558 MW –entre hidráulica y turbinación–, una tecnología que tiene la consideración de ser renovable y que aporta un quinta parte del total de la energía eléctrica generada en este territorio, con 3.719 GWh.
El Pueyo, la primera reversión
A lo largo del siglo XX, la normativa reguladora de los plazos y condiciones de los aprovechamientos hidroeléctricos ha ido cambiando en varias ocasiones, por lo que las circunstancias de cada instalación pueden ser diferentes en función de la fecha de la concesión.
En Aragón ya se han revertido al Estado varias centrales hidroeléctricas en servicio cuyas licencias se otorgaron a principios del siglo pasado. La primera fue la de El Pueyo en 2013, localizada en el término municipal de Panticosa y con 5,5 MW de potencia. Posteriormente, se han tramitado los expedientes de extinción de otras cuatro concesiones: Barrosa (3,5) y Urdiceto (7,1), ambas en Bielsa (2018); Auxiliar de Campo (1,7), en Foradada de Toscar (2017); y Lafortunada-Cinqueta (dos turbinas que suman 40,8), en Tella-Sin (2020).
En total, cinco centrales están siendo explotadas en este momento por la confederación, con la excepción de Urdiceto, cuya viabilidad está en estudio. Hay otras dos –San José (Graus) y El Ciego (Estada)– que también gestiona y explota la CHE, pero en este caso fueron explotadas en base a un contrato de arrendamiento otorgado por un plazo de 75 años que ya ha expirado y a finales de 2019 se firmó el acta de entrega al Estado.
Las próximas reversiones de centrales aragonesas son La Requijada (0,7 MW), cuya concesión a la Hidroeléctrica del Piedra en Nuèvalos caducó en abril de 2021; Morana (0,9) en Añón del Moncayo (2022), Argoné (14,4) en Siera (2025), Salinas-San Marcial (auxiliar Larfortunada, 2,4) en Salina (2025), Baños de Panticosa (5,5) en El Pueyo (2027) y Morca (0,79) en Añón (2023-2029).
Hasta 25 peticiones presentadas para saltos eléctricos en el Ebro desde 2018
En los últimos años se ha visto incrementado el número de solicitudes para obtener una concesión de agua con destino la producción de energía eléctrica, principalmente de proyectos de bombeo reversible. Desde 2018 se han instado a la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) un total de 25 peticiones de este tipo, tres de las cuales han sido archivados. La tramitación administrativa para la obtención de una concesión de agua está reflejada con detalle en el reglamento del dominio público hidráulico.
Por otra parte, se requiere una tramitación adicional que es la evaluación de impacto ambiental previa al otorgamiento de una concesión de aguas. Algunos de los proyectos ya están en consultas o en fase previa, en el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, como los cuatro promovidos en la comunidad por la empresa aragonesa Atalaya, que tiene también varios proyectos en Navarra y el País Vasco.
