La Comisión Europea ha aprobado definitivamente el mapa regional sobre ayudas estatales para España, un instrumento que permitirá que las empresas de la provincia de Teruel –junto a las de Cuenca y Soria– dispongan de subvenciones por valor de un 20% de sus costes de funcionamiento, una contribución sustentada en su baja densidad de población. Así lo ha hecho público la institución comunitaria en una nota previa a la publicación oficial de esta decisión que, en cualquier caso, está en vigor desde el 1 de enero de 2022.

El pasado mes de julio, los gobiernos autonómicos de Aragón, Castilla-La Mancha y Castilla y León remitieron un informe al Ejecutivo central para que justificara cómo articular estas ayudas y poder percibirlas. Desde el aragonés, subrayan que llevan "tres años trabajando" para que la provincia de Teruel pueda recibir estas ayudas estatales y ahora, una vez lograda la luz verde, será el Gobierno central el que establezca los mecanismos para que las subvenciones sean una realidad.

Entre estas áreas susceptibles de recibir ayudas se encuentra la provincia de Teruel debido a su catalogación de zona escasamente poblada, con menos de 12,5 habitantes por km², según las Directrices sobre las Ayudas de Finalidad Regional (DAR) de la Comisión Europea. 

Transición Justa

Una vez que esté en vigor el plan territorial de transición justa, España podrá notificar a la Comisión una modificación del mapa de ayudas regionales aprobado este jueves, con el fin de aplicar un posible aumento de la intensidad máxima de ayudas a la inversión en estas zonas.

Las DAR revisadas permiten a los Estados miembros apoyar a las regiones europeas menos favorecidas en su recuperación y reducir las disparidades en términos de bienestar económico, ingresos y desempleo, objetivos de cohesión que son elementos centrales de la Unión. También ofrecen mayores posibilidades a los Estados miembros para apoyar a las regiones que se enfrentan a una transición o a retos estructurales, tales como la despoblación, a fin de contribuir plenamente a las transiciones ecológica y digital.

Al mismo tiempo, evitan que los Estados miembros utilicen fondos públicos para favorecer la deslocalización de puestos de trabajo de un Estado miembro de la UE a otro, lo que es esencial para una competencia leal en el mercado único.