La negociación entre el Ministerio del Interior, a través de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado, y el Ayuntamiento de Zaragoza por la posibilidad de hacer una permuta de suelo con terrenos del Portillo donde construir la nueva Jefatura Superior de Policía no fructificó pero al menos permitió conocer que este edificio de la actual jefatura, ubicado en el céntrico paseo María Agustín y con un uso terciario, se tasó en 2,5 millones de euros. Al menos esa es la cifra que en su día se puso sobre la mesa para una operación con el consistorio que, al parecer, también se trasladó al Gobierno de Aragón. Y que en ningún caso fructificó.

El futuro uso de este inmueble se definirá en una fase posterior a la construcción de esa nueva Jefatura Superior de Policía que finalmente se hará en el viejo cuartel de Mayandía. Una parte de reforma integral y otra de nueva construcción que costeará el ministerio con fondos propios. Toda vez que el ofrecimiento antes mencionado no se pudo llevar a buen término porque no cuadraban ni los plazos ni las cantidades, su destino ahora es una incógnita.

Al menos el ayuntamiento lo valoró, aunque siempre estuvo interesado en otra opción, solo la entrega a la ciudad de Mayandía, donde la idea era acometer un proyecto urbanístico de envergadura con un mix de viviendas libres y públicas de VPO que rondaría unos 130 o 140 pisos. La idea, de la que nunca llegó a hacerse un anteproyecto ni proyecto, era que el 75% de ellas fueran libres y que con las plusvalías que estas generaran se pagara el otro 25% para pisos públicos que ceder a Zaragoza Vivienda para gestionarlas en régimen de alquiler.

Con todo, el ayuntamiento no tuvo opción de obtener el cuartel de Mayandía, esa pieza no estaba en el tablero del ministerio, aunque antes de descartar el edificio de la Jefatura, se estudió lo que costaría su demolición. El principal destino de ese inmueble era el derribo para incluir esa parcela en una intervención más del denominado Plan Pignatelli-Zamoray, y dotar de más zonas verdes y usos lúdicos a esta zona.

El área de Urbanismo que dirige Víctor Serrano estimó los costes que supondría el derribo y este rondaría los 1,8 millones de euros. Es decir, el peaje de este acuerdo con Interior para las arcas municipales iba a superar los 4,3 millones de euros, pero sin tener que desembolsar los 2,5 por la adquisición del terreno. Pero la factura de su demolición sí tendría que salir de fondos municipales.

En el caso de la DGA, esta opción la descartó desde el primer momento por su inviabilidad, pese a ser un deseo de antaño despejar este obstáculo del frontal del edificio Pignatelli, sede del Ejecutivo aragonés.

Por falta de tiempo

Interior valoraba este edificio como un «activo» en la operación con el ayuntamiento y esos 2,5 millones era la tasación que manejaba. Pero este «decidió no ir» a esa opción pero no porque no hubiera un acuerdo por el edificio de Jefatura, sino porque el ofrecimiento del ayuntamiento de los suelos del Portillo contiguos al Caixafórum, implicaba «una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que el consistorio habría hecho en seis meses» y una tramitación para la cesión y la desafectación de esos terrenos que «iba a demorar todo demasiado».

Contando con que ya había consignación presupuestaria y la urgencia con la que deben acometer el proyecto de la nueva Jefatura de Policía, explicaron las fuentes municipales consultadas, fue lo que les llevó a descartar este intercambio. Así que se volvió a su plan inicial de rehabilitar Mayandía, que es de titularidad del ministerio y, a eso se suma, que las necesidades de espacio que requiere el proyecto sean mayores que las que ofrecía las parcelas del Portillo.