En tiempo de crisis las administraciones juegan un papel muy importante para generar empleo. El impulso de las obras públicas se traduce en inversiones y en puestos de trabajo que podrían verse afectados por el alza de los precios porque la inflación hace que no resulte rentable asumir determinados proyectos.

Las administraciones, que llevan semanas haciendo cuentas y adoptando medidas para poder asumir las facturas de la luz y el gas, se ven obligadas a hacer revisiones de precios para evitar que las licitaciones venideras se queden desiertas, lo que se traduce en un incremento del gasto. Además lo hacen en un escenario tan cambiante que provoca que las previsiones de hoy estén desfasadas en cuestión de semanas.

Por ahora es difícil cuantificar el impacto que va a tener la subida generalizada de los precios en las arcas públicas (un 7,6% en febrero), que se enfrentan a un goteo de reclamaciones de los contratistas que pujaron por unos servicios u obras en un escenario totalmente distinto y con una previsión de gasto que ahora se ha visto disparada, con importantes desviaciones.

Según fuentes consultadas por este periódico, el coste de la obra civil se ha elevado «entre un 15% y un 20% en los últimos meses» y todo apunta a que seguirá subiendo porque todos los materiales se han encarecido.

Compensaciones

El Gobierno de Aragón está «estudiando las fórmulas» para hacer frente a los efectos del alza de precios en la contratación pública y, según ha podido saber este periódico, se ha comprometido con varias empresas a «aprobar en 15 días» un decreto autonómico similar al del Estado, por lo que incluiría compensaciones en aquellos contratos cuya desviación oscile entre el 5% y el 20%. El resto se quedarían fuera.

El consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, aseguró que hasta ahora «no está habiendo problemas» en las obras de carreteras porque «las actuaciones importantes que teníamos en marcha están ejecutadas, liquidadas y pagadas». Sí que ha habido afecciones ya en proyectos como el de construcción de vivienda social en La Merced, en Huesca; y en la segunda fase del museo de ferrocarril en Caminreal, atascadas porque sus licitaciones quedaron desiertas. Algo que desde el departamento se achaca, precisamente, al alza de los costes de construcción.

Licitaciones desiertas

Una de las consecuencias más sonadas es la licitación del colegio Ana María Navales, el segundo centro educativo del barrio zaragozano de Arcosur, que ha quedado desierta. El Departamento de Educación va a volver a licitar el proyecto «con un mayor presupuesto» pero esto lleva tiempo, exige nuevos trámites y modificar las condiciones, por lo que la construcción del centro, que preveía acoger a sus primeros alumnos en septiembre, se demorará varios meses.

La solución de la DGA es la misma que van a aplicar el resto de administraciones: pagar más, hasta un 15% en el caso de las viviendas del barrio oscense. Es la única manera que tienen para que estas inversiones resulten rentables, pero esto tiene un impacto económico en las arcas públicas.

Agujero de 20 millones en Zaragoza

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, aseguró que la situación es «muy preocupante». En la capital estiman que el agujero que supondrá la subida de la luz será «20 millones», pero la deuda será mayor porque, según explicó, el «impacto que va a tener la subida del IPC en los servicios que lo tienen como referencia va a ser importante». «Estamos preocupados porque el IPC está desbocado», recalcó.

Señaló que «a día de hoy, cualquier obra que vaya a licitarse sin actualizar su precio corre el riesgo de quedarse desfasada». Así que los responsables políticos van a tener que tirar de modificaciones de crédito porque los presupuestos estaban pensados para ejecutar unas obras a un coste mucho menor. Hasta la fecha en Zaragoza solo se ha quedado desierta una licitación que, por otro lado, es muy significativa ya que se trata del suministro de gas natural para las instalaciones, por 10.675.428 euros y que ahora tendrán que actualizar.

Un millón extra

En el Ayuntamiento de Teruel calculan que solo con las obras que tienen pendientes para licitar, «el incremento de los precios se puede ir a un millón de euros más, que es mucho». Esta es la primera estimación del concejal delegado del Servicio de Limpieza Viaria y Residuos Sólidos Urbanos del Ayuntamiento de Teruel, Juan Carlos Cruzado, que añadió otro problema más, y es que «los proyectos que deban redactarse de nuevo y licitarse por segunda vez se pueden retrasar cinco o seis meses». Teniendo en cuenta que la subida del IPC es tan rápida y brusca, corren el riesgo de que una vez que haya terminado este proceso, «vuelvan a quedarse desfasados».

En concreto, la capital turolense tiene que hacer frente a la revisión y la modificación del contrato de la renovación de redes de la calle Los Molinos, licitada por 350.000 euros, y en la que el constructor ha dicho que renuncia a ella un mes y medio después de iniciar las obras al no poder seguir haciendo frente a los costes. En otros proyectos adjudicados, por valor de 1,5 millones de euros, los adjudicatarios van a estudiar si pueden acogerse a la revisión de precios prevista por el Gobierno central. De media, estiman tener que elevar los presupuestos de licitación entre un 20 y un 25%.

Medidas fiscales

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En Huesca, su alcalde Luis Felipe admitió que varias de sus licitaciones se habían quedado desiertas, como el suministro y montaje de casetas prefabricadas o un retejado en un municipio incorporado.

Y por si fuera poco todo lo anterior, los alcaldes de Zaragoza y Huesca, Jorge Azcón y Luis Felipe, señalaron que las medidas fiscales que baraja el Gobierno central para moderar el precio de la gasolina tendrán consecuencias en los ingresos que reciben los entes locales. Un elemento más para la incertidumbre.