El impacto del alza de los precios en las clases trabajadoras exige una «respuesta inmediata» del Gobierno central. Así lo han reclamado este miércoles en las tres capitales de provincia aragonesas los principales sindicatos, CCOO y UGT, la Unión de Consumidores de Aragón y la Federación de Asociaciones de Barrios en una convocatoria que, pese a afectar a toda la ciudadanía, apenas reunió a tres centenares de personas en la plaza de España de Zaragoza.

"La luz, el gas y la gasolina no pueden ser artículos de lujo. Poder vivir no es un lujo", rezaban las pancartas de los manifestantes, que fijan la responsabilidad, más que en el Ejecutivo central, en las grandes eléctricas que "se forran" a costa de las clases trabajadoras.

El secretario general de CCOO Aragón, Manuel Pina, recalcó que esta situación comenzó el pasado verano, aunque «se ha agravado con la guerra» de Ucrania, y alertó de que «una mayoría social está sufriendo mucho», por lo que exigió «soluciones rápidas y contundentes para reducir los precios».

Pina propuso «desacoplar» el coste del gas del cálculo del resto de energías, así como limitar los beneficios de las empresas del sector, que «están haciendo un verdadero negocio especulando con la energía». También reclamó ayudas directas para los sectores sociales más vulnerables y a la industria, el transporte, la agricultura y la pesca.

Pancarta de la manifestación en la plaza de España de Zaragoza. ANDREEA VORNICU

El secretario general de UGT Aragón, Daniel Alastuey, abogó también por «modificar la forma de componer la factura eléctrica», limitar los precios de la energía y elaborar un «pacto de rentas», no solo en relación a los salarios, sino también a los beneficios empresariales.

Para Alastuey, el impacto de la actual crisis no se solucionará «a corto plazo». En el caso de Aragón, con una preponderancia del sector primario y la industria, «todo lo que sea un encarecimiento de las materias primas, como ocurre ahora con los piensos para los animales, y los fallos en los suministros para la industria, nos perjudica enormemente», lamentó. El principal problema, señaló, es que vuelva a funcionar la distribución. «Eso pasa por medidas urgentes de subvención del combustible», consideró.

En representación de Unión de Consumidores de Aragón, José Ángel Oliván, denunció que «el sector eléctrico ha arrastrado al conjunto de la economía» y aseguró que la respuesta no es «bajar los impuestos», porque el Ejecutivo ya lo hizo en verano sin obtenerse resultados. «Cuando un mercado fracasa y unas empresas se muestran insensibles, lo único que cabe esperar de un Gobierno es que intervenga precios y mercados, y los ponga al servicio del conjunto de los ciudadanos», añadió.

Manuel Arnal, presidente de la FABZ, calificó de «escándalo» el impacto del incremento de precios. «No se puede tolerar que amplias capas de la sociedad, sobre todo en barrios con un nivel de renta bajísimo, vuelvan a sufrir», por lo que pidió «una intervención clara de precios».