Un año y tres meses lleva la pequeña Laia en el interior de una cámara frigorífica del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa), después de que muriera de forma violenta y su madre y padrastro fueran detenidos como supuestos responsables del crimen. Ocurrió en el domicilio familiar del zaragozano barrio del Picarral. Su padre biológico pidió poderla enterrar con la mayor brevedad posible, pero está ocurriendo justo lo contrario. La infanticida está demorando que la niña pueda ser inhumada.
La solicitud realizada por el progenitor de la menor, Manuel Ardilla, colisionó en un inicio, tal y como suele ocurrir en las investigaciones en las que hay un cadáver, con la propia instrucción. Los tribunales suelen alargar lo máximo posible los sepelios por si fuera necesaria una segunda autopsia complementaria.
En aquel momento, este hombre pidió poderse llevar el cadáver a Toledo o a Lloret de Mar, dos localidades en las que residen las familias. Fue rechazado, pero ello no le hizo desistir. Al contrario, incluso se acaba de enfrentar con la nueva magistrada encargada del caso. Los constantes recursos y un retraso de siete meses por parte del juzgado en elevar uno de ellos a la Audiencia Provincial de Zaragoza tienen la culpa.
Escenario del crimen
El padre de la menor propone la localidad gerundense de Lloret de Mar, donde vive él y el resto de la familia paterna, pero la detenida, Vanesa M. P. insiste en que sea en la capital aragonesa, aunque inicialmente abrió la puerta al municipio catalán. Zaragoza es para el padre de Laia «el macabro escenario de las torturas que sufrió hasta su fatídica muerte».
En un escrito emitido al juzgado por parte del abogado del padre y al que tuvo acceso EL PERIÓDICO se insiste en que «Lloret de Mar es la localidad de residencia del padre y de la abuela paterna, y era el domicilio de los menores antes de la que los investigados se los llevaran a Zaragoza sin informar a nadie e incumpliendo el régimen de estancias establecido judicialmente, motivo por el cual, además de por los malos tratos continuados que sufrían los menores, se siguen ante el Juzgado de Instrucción 3 de Blanes diligencias por la presunta comisión de un delito de sustracción de menores».
Asimismo, recuerda que la condición de ser enterrada en Zaragoza que señaló la Audiencia Provincial fue al inicio de la investigación, si bien en la actualidad está a punto de cerrarse porque no se está practicando prueba. También rechaza que Vanesa M. P. acuda a la inhumación, aludiendo a «los daños psicológicos para el resto de hijos y la familia paterna y la alarma social que acarrearía que la presunta asesina y torturadora de Laia asista».
La pequeña sufrió una muerte «lenta y agónica», según el informe de la autopsia, en el que se destaca que el cuerpo de la menor presenta un centenar de contusiones, tanto recientes como antiguas. Los forenses descartaron una muerte accidental, destacando la causa inmediata de la muerte como un shock por una peritonitis que se produjo por uno de esos golpes. A ello añaden un edema craneal. De esta forma, la autopsia revelaría el maltrato físico al que fue sometida la menor, no solo aquella tarde-noche del 21 de enero, sino en días anteriores.
La Policía Nacional descubrió varios «castigos» en los móviles de los padres detenidos. Le agredían, le echaban pimienta en la boca y la colgaban de un clavo en la pared. Todo ello se lo enviaban por whatsapp.
