El Ayuntamiento de Zaragoza quiere convertir la antigua cárcel de Torrero, okupada desde 2010, en un equipamiento de barrio que pueda ser utilizado por todos y que cumpla con todas las medidas de seguridad. El proyecto, que asumirá Zaragoza Vivienda, todavía tiene que elaborarse y exigirá el desalojo de estas instalaciones municipales, rebautizadas como Centro Social Okupado Kike Mur por el colectivo que las okupa y que organiza actividades con frecuencia.
El concejal de Urbanismo, Víctor Serrano, explicó que desde el equipo de Gobierno de PP-Cs se trabaja ya en el diseño de un nuevo centro para el barrio «que dé servicio a sus vecinos». Según indicó, será la sociedad la que se encargue de redactar el proyecto para unas instalaciones que exigen una importante inversión debido a su estado.
El ayuntamiento ya ha tenido que actuar en alguna ocasión en este centro, que no reúne las condiciones para albergar ninguna actividad, pese a que se celebran distintos eventos organizados por los miembros del Centro Social Kike Mur. Además del mal estado de su estructura, no cumple con las medidas sanitarias y de evacuación exigidas para garantizar la seguridad, tampoco las de prevención de riesgos.
El desalojo
Serrano explicó que mantiene su compromiso de desalojar la antigua cárcel pero, matizó, no se hará hasta que esté adjudicado el nuevo proyecto. «No podemos desalojar un edificio con el riesgo de que se vaya a okupar de nuevo», explicó convencido de que el edificio volvería a sufrir la misma suerte si se queda vacío y sin uso.
Hace una semana que Vox, el socio de Gobierno de PP-Cs, exigió al alcalde, Jorge Azcón, que ordene el desalojo, de lo contrario, «o está prevaricando, o hay una dejación de funciones o falta de voluntad», aseguró la concejala Carmen Rouco. De hecho, el PP fue muy crítico con el anterior alcalde, Pedro Santisteve, a quién exigió en reiteradas ocasiones que expulsase al colectivo de la antigua cárcel y a quien responsabilizó de la «situación de ilegalidad».
En enero de 2020, el Gobierno de PP-Cs informó de que estaban a la espera de los informes jurídicos para poder iniciar el proceso de desalojo en el primer trimestre de ese año, pero no sucedió. Ahora Serrano insiste en que no es partidario de hacerlo hasta que no haya una alternativa que garantice que a los días vuelva a okuparse.
6 meses más en el Luis Buñuel
Otro de los inmuebles municipales que Azcón se comprometió a desalojar fue el Luis Buñuel. En este caso, la situación es diferente porque el consistorio está a espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el recurso de casación presentado por la Asociación CSC Luis Buñuel después de que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ratificara en septiembre de 2021 la sentencia del Juzgado de Primera Instancia en 2019 anulando el acuerdo por el que se materializó el convenio con el colectivo.
A la espera de que suceda, el ayuntamiento zaragozano le ha dado seis meses al colectivo, cuyo convenio finaliza este sábado, para que abandone las instalaciones al considerar que se han incumplido algunos de las condiciones pactadas.
