El coste de la vida se está disparando en España como no se recuerda en casi cuatro décadas. Las familias ya habían padecido este repunte en el último tramo del pasado año, pero las cifras han superado todas las expectativas tras la subida del 3,4% en marzo, que deja el incremento interanual de los precios en el 9,8%, según los datos publicados el miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Son 2,2 puntos por encima de la tasa registrada en febrero y la más alta desde la crisis del petróleo de 1985. Este incremento llega a cuadriplicar la subida media pactada en los salarios por convenio en Aragón, que se sitúa en el 2,2% hasta febrero, según la estadística del Ministerio de Trabajo.
La inflación reduce la capacidad de compra de quienes no están en condiciones de incrementar sus ingresos en la misma proporción que suben los precios. De esta manera, golpea de lleno a los trabajadores, especialmente a los más precarios. Por eso, algunos economistas la definen como el impuesto de los pobres. También tiene efectos en los alquileres y afecta negativamente al ahorro y la inversión.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, destacó que el repunte de la inflación «es un mal dato» que afecta a la economía y a la sociedad española, «en particular a los colectivos más vulnerables», y que «en un 73%» es atribuible al impacto de la guerra en Ucrania. Por todo ello, el control de la desbocada inflación es la tarea más inmediata que tiene que afrontar el Ejecutivo central. Las principales armas con que cuenta para combatir este fenómeno, que amenaza con hacer descarrilar la recuperación económica iniciada tras la crisis de la pandemia, son la 'excepción ibérica' que el líder socialista consiguió en Bruselas el pasado viernes para topar el precio de la generación eléctrica con gas y el plan de choque aprobado frente al conflicto bélico.
Según datos del Ministerio de Trabajo, los convenios firmados en Aragón hasta febrero incluyen un incremento medio de los salarios del 2,2% (el 3,19% en los convenios de empresa y el 1,99% en los de ámbito superior). También pierden poder adquisitivo los funcionarios. El sindicato de trabajadores de la administración CSIF ha pedido a la ministra de Hacienda una reunión urgente para abordar la pérdida de poder adquisitivo. Según esta central sindical, los empleados públicos arrastran una merma del 15% en su poder de compra.
El salario bruto anual de Aragón se sitúa en 23.565 euros, según datos de la Encuesta de Estructura Salarial del INE, lo que se traducen en unos ingresos netos de unos 18.805 euros de media. Con este sueldo medio y la actual tasa de IPC, próxima al 10%, la pérdida de poder adquisitivo rondaría los 1.842 euros al año, es decir, unos 150 euros menos al mes. Eso sí, sin contar el incremento retributivo que se pueda repercutir, según donde se trabaje.
Los trabajadores aragoneses cuyas condiciones laborales están condicionadas por un convenio colectivo ya perdieron algo más de dos puntos de capacidad de compra el pasado año. La subida salarial media pactada en 2021 fue del 1,52% y la inflación media alcanzó el 3,5%. En concreto, se firmaron 102 convenios que afectaron a 30.415 empresas y un total de 188.267 empleados. Los efectos perniciosos de una inflación desorbitada son mayores en los trabajadores situadas en las escalas salariales más bajas, que sueles ser los que carecen de la protección de un convenio.
La visión de los sindicatos
«La elevada inflación es un azote para los trabajadores. Los salarios sufren mucho porque es muy difícil trasladar esas subidas», señala Daniel Alastuey, secretario general de UGT Aragón, que considera prioritario «contener los precios por todos los medios». En este sentido, aboga por alcanzar un acuerdo de negociación colectiva con los empresarios con incrementos «moderados» de las nóminas pero «garantizando una recuperación del poder adquisitivo en un plazo de tres o cuatro años». «Deben hacerse esfuerzos de todo tipo y por parte todas las partes, no solo por los de siempre», recalca el líder sindical.
«Esta inflación no está provocada por los salarios, sin embargo, son los que más padecemos sus efectos», apunta Pablo Castillo, secretario de Acción Sindical de CCOO Aragón, quien defiende igualmente la necesidad de blindar el poder adquisitivo de los trabajadores aunque sea de una forma dilatada en el tiempo. «Hace falta un control de los precios, pero también de los notables beneficios empresariales que se dan en algunos sectores aprovechando la actual coyuntura», sostienen.
Ambos sindicalistas recelan de las bajadas generalizadas de impuestos, porque «no resuelven los problemas de fondo» y dañan la capacidad de Estado para actuar ante una situación de crisis. Creen además que esta demanda de la parte empresarial esconde un sesgo ideológico.
La OCU advierte del deterioro de la solvencia de los hogares
La creciente subida del IPC al 9,8% va a deteriorar si cabe aún más la ya complicada situación económica de miles de familias, muy debilitada desde el inicio de la pandemia. De hecho, el daño económico sufrido en 2020 se agravó durante 2021, según revela una encuesta realizada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a 3.813 personas de entre 25 y 79 años de toda España con el fin de valorar la solvencia financiera de los hogares. Los datos reflejan que hasta un 55% de las familias aragoneses tuvo dificultades para ahorrar algo de dinero el año pasado, frente al 66% de la media de los españoles (en 2020 fue un 60% a nivel nacional). Y lo que es más grave, un 6% de los encuestados en la comunidad sufren graves dificultades económicas.
