El poderoso sector del transporte tiene los pies de barro. Tras el paro de los pequeños transportistas registrado en las últimas semanas, que puso en un brete a todo el país al provocar un serio riesgo de desabastecimiento, se esconden problemas de fondo que explican el estallido social vivido en las carreteras y la precarización laboral que se arrastra. Los márgenes de beneficio de los camioneros se han reducido a la mínima expresión por las malas prácticas empresariales, un castillo de naipes que ha acabado saltando por los aires con la escalada de precios de los carburantes. Uno de los principales detonantes de esta perversión del mercado son las cooperativas de trabajo asociado, que han proliferado en los últimos años en el mundo del camión nutriéndose de mano de obra barata a través de falsos autónomos
Cientos de camioneros en Aragón y miles a nivel nacional trabajan bajo este controvertido modelo que ha llevado a la ruina a muchos de ellos, como así han relatado a este diario varios transportistas. Cada vez más voces en el sector y también en la Administración sitúan a estas cooperativas como culpables de la alteración del atomizado mercado español del transporte y su devaluación de precios, una distorsión de la que también se responsabiliza a las llamadas empresas buzón, que operan aunque está radicadas en Europa del Este, con los beneficios fiscales que eso conlleva. Así lo viene advirtiendo desde hace años la asociación Tradime, mayoritaria en Aragón en los pequeños transportistas, que ha puesto en marcha campañas de denuncia contra estos fenómenos.
¿Por que son falsas cooperativas?
Una cooperativa de trabajo asociado es aquella en la que tres o más cuantas personas se unen para proporcionarse trabajo y que comparten y organizan en común la producción, tanto de bienes como de servicios para terceros. Esta fórmula está regulada por la ley estatal de cooperativas de 1999 y las correspondientes autonómicas. Sin embargo, el modelo está rodeado de la polémica al existir cada vez más evidencias de su uso fraudulento en sectores como el transporte de mercancías.
Estas entidades son tachadas de falsas porque no cooperativizan el trabajo además de generar falsos autónomos que están vinculados a un único transportista.
De la promesa de ganar 6.500 euros a quedarse en la ruina
Las cooperativas de trabajo asociado del transporte captan a sus trabajadores a través de internet, donde hay numerosos anuncios en portales del segunda mano y del sector que ofrecen una fácil y rápida salida laboral. El señuelo para reclutar conductores es la promesa de una elevada de remuneración. Hasta 6.500 euros al mes de beneficios por hacer 14.000 kilómetros, según figura en un documento –consultado por este diario– que simula ser una nómina y que entrega una de estas entidades en Zaragoza a quienes se interesan por sus engañosas ofertas de trabajo.
La realidad esos rendimientos no se cumplen, incluso algunos de los que se enrolan en este sistema acaban debiendo dinero a la cooperativa y se arruinan. En este tipo de cooperativas, las tarjetas de transporte y el título de transportista los posee la entidad, como persona jurídica, pero no los socios trabajadores. Estos no pueden facturar sus servicios directamente a los clientes, sino que cobra su trabajo la cooperativa.
Quienes entran en estas cooperativas deben firmar además un contrato de adhesión que les obliga a ser responsables del vehículo, asumiendo los gastos de su mantenimiento, las multas o los seguros, además del pagar un arrendamiento por su uso y las cuotas de autónomos. «Hay gente que después de hacer 12.000 kilómetros, a final de mes les dicen que en vez de ganar 6.000 les sale a menos 300 euros», aseguran fuentes del sector conocedores del modus operandi de lo consideran que es una «estafa en toda regla». «Se aprovechan de personas con poco conocimiento a las que tratan como esclavos», apuntan.
Por si fuera poco, para entrar en las cooperativas, los conductores deben abonar cantidades importantes de capital, que van de los 5.000 a los 10.000 euros, que en muchos casos pagan capitalizando su prestación por desempleo. Estas cantidades son además difícilmente recuperables si deciden dejar la entidad.
«Es un timo del que se benefician los grandes transportistas, algunos presentes en la mesa negociadora del Gobierno, y no se le quiere meter mano», asegura un miembro de la Plataforma en Defensa del Sector del Transporte, que reconoce que muchos de los que se han sumado al paro de las últimas semanas son víctimas de este controvertido modelo.
«Son una especie de asalariados encubiertos», apuntaron desde la Dirección General de Transportes delGobierno de Aragón, que ha puesto el fono en este fenómeno desde hace varios años. «Se constituyen como falsos autónomos y no hay realmente una actividad cooperativizada. Eso es otra cosa, es un subterfugio que crea competencia desleal», explican.
En España se estima que hay más de 8.000 camioneros enrolados en estas cooperativas. En Aragón, según fuentes del sector, hay domiciliadas medida docena de ellas que suman alrededor de 400 chóferes, pero pueden ser muchos más ya que hay varias de estas entidades que tienen su sede fuera pero sus centros de operación están ubicados en la comunidad.
La DGA ya ha sancionado a una cooperativa con casi 200.000 euros
La Administración también ha empezado a poner en el foco sobre estas cooperativas al existir serias dudas de cumplen la legislación en materia de transporte, trabajo o fiscalidad. «Intentan esquivar las exigencias legales para el acceso a la profesión, no son socios realmente, si no que les ceden las tarjetas de transporte y les alquilan los vehículos», explicó a este diario Gregorio Briz, director general de Transportes del Gobierno de Aragón, que ha sido precisamente uno de los primeros en tomar cartas en el asunto y hace varios años endureció el control otras estas entidades.
Una de ellas fue sancionada en 2020 por la autoridad de Transportes de la DGA con 184.000 euros por no responder al régimen jurídico de aplicación y trasladó el expediente a la Dirección General de Trabajo, que descatalogó a la cooperativa, aunque esta ha recurrido ambos procedimientos y el caso está ahora pendiente de los tribunales.
«Hay que seguir por este camino en colaboración con la Inspección de Trabajo», apuntó Briz. No obstante, reconoció que no siempre es fácil actuar porque «a veces la legalidad y la ilegalidad están una situación muy tenue». «Debemos ponemos de acuerdo desde la Administración y desde las empresas que saben que existen estos casos y ir acotando esto poco a poco este fraude», agregó. Ya ocurrió en la industria cárnica, donde también había arraigado este modelo de falsas cooperativas y autónomos. Gracias a la presión sindical, la negociación con las empresas y la labor de la Inspección de Trabajo, entre 2018 y 2020 se regularizaron cerca de 4.000 trabajadores de este sector en Aragón y más de 23.000 en España.
