FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a 10 gasolineras de Aragón por subir sus precios el 1 de abril, día que entraron en vigor los descuentos por el real decreto-ley aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros. Dos se localizan en Huesca, siete en Teruel y una en Zaragoza.

La asociación ha presentado denuncias ante el Ministerio de Consumo y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) contra 230 gasolineras en total localizadas en 37 provincias de 13 comunidades autónomas.

Los descuentos obligatorios de 20 céntimos por litro de combustible aprobados por el Gobierno para paliar el impacto de la subida de los precios empezó a aplicarse el 1 de abril. Justo antes, más de 200 gasolineras empezaron a aplicar subidas de entre 5 y 30 céntimos en gasolinas o gasóleos según recogía en los datos del Geoportal de Estaciones de Servicio del Ministerio para la Transición Ecológica.

Se trata de una parte muy reducida en la red de 11.700 gasolineras operativas en toda España y desde el sector petrolero se apunta que la volatilidad de precios de los carburantes de esos días pueden explicar parte de esos movimientos de tarifas. La asociación de consumidores Facua, en cualquier caso, ha presentado denuncias contra 230 gasolineras ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) y ante el Ministerio de Consumo para que se investiguen esas subidas de precios a las puertas de aplicarse las bonificaciones obligatorias.

Las gasolineras identificadas por Facua en sus denuncias se reparten entre 37 provincias de 13 comunidades autónomas. Según la asociación de consumidores, de las 230 estaciones de servicio denunciadas, 142 eran gasolineras independientes; 26 pertenecen a Repsol; 12, a la cadena ESCarburantes; 10, a Farruco SA; ocho, a Cepsa; siete, a Galp; siete, a MaxOil; cuatro, a BPAgla, Avia y Petronor tienen tres gasolineras denunciadas cada una; Ballenoil y Campsa, dos; y Petrogas y Shell tienen una gasolinera denunciada.

En sus denuncias ante el Ministerio de Consumo, Facua solicita al departamento que ponga los hechos en conocimiento de las autoridades autonómicas de protección al consumidor para que los investiguen y abran los correspondientes expedientes sancionadores contra las gasolineras donde consideren que se han cometido las citadas prácticas desleales. Y en las denuncias ante la CNMC se reclama que vigila si estas gasolineras han desarrollado comportamientos de competencia desleal o de falseamiento de la competencia por aplicar subidas para anular el efecto de los descuentos aprobados por el Gobierno.

La CNMC subraya que ya hace una "monitorización permanente de los precios y márgenes brutos" que aplican las estaciones de servicio en las carburantes. Desde el organismo presidido por Cani Fernández se subraya que el decreto del Gboierno le reserva las funciones de supervisión general de que las bonificaciones se trasladan de manera efectiva al consumidor final y la vigilancia de que las grandes petroleras aplican el descuento al menos de 5 céntimos al que están obligadas.

Las quejas del sector

En los últimos días, el sector de las gasolineras sigue su escalada de quejas y protestas por los problemas con que, según denuncian las compañías, se está encontrando para aplicar el descuento obligatorio de 20 céntimos por litro para todos los conductores aprobado por el Gobierno para mitigar la subida de los precios.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), que agrupa a 4.000 gasolineras de grupos independientes -más de un tercio de las 11.700 que operan en España- aprobó esta semana en asamblea llevar al Gobierno a los tribunales y recurrir el macrodecreto de medidas contra el impacto de la guerra de Ucrania, en el que se incluían los descuentos de 20 céntimos por litro. La patronal denuncia el caos en la aplicación de las bonificaciones, las dudas sobre el tratamiento fiscal de los descuentos y que los anticipos prometidos por el Ejecutivo a las gasolineras no llegaron a tiempo.

La asociación de las gasolineras ‘low cost’ y automáticas AESAE también amenazó este lunes con abrir una batalla legal tanto en España como en la Unión Europea para reclamar indemnizaciones millonarias al Gobierno por su responsabilidad patrimonial por los daños provocados, pero de momento la organización no ha concretado ninguna acción legal.