La justicia desahució este pasado viernes en el barrio zaragozano de Movera a una joven de 23 años que está embarazada de siete meses y no tiene empleo, lo que la convierte en una persona de un colectivo vulnerable. La vivienda se encuentra en la avenida de Santa Isabel.
«Pensaba que, dado mi estado, no me echarían del piso», manifestó ayer Julissa, que es de nacionalidad nicaragüense y, hasta hace poco, trabajaba de cuidadora de personas ancianas.
«Ha venido la Policía y me ha sacado de la vivienda», explicó la joven, que se quejó de que no había podido ni siquiera recoger sus pertenencias. «Toda la ropa se ha quedado dentro, incluido el abrigo, y no tengo nada que ponerme», manifestó.
Julissa pensaba que el hecho de estar encinta la protegía frente a la expulsión de la vivienda de alquiler, a la que llegó con su pareja hace siete meses.
Ella y Pedro no habían tenido problemas de ningún tipo hasta que ambos perdieron sus ocupaciones. Abonaban unos 370 euros de alquiler mensual, pero hace tres meses, al no tener ingresos, dejaron de pagar esa cantidad y los propietarios iniciaron un proceso de desahucio.
Antes de llegar a ese punto, Julissa asegura que ha hecho gestiones para conseguir apoyos, pero sin éxito de momento. «Llevo días hablando con Cáritas y los Servicios Sociales me han dado cita para el 26 de abril», explicó la joven nicaragüense.
Un asunto complicado
«Se presentaron tres furgones de la Policía, a eso de las diez y media, pero al final se quedó uno solo», explicó su pareja, que lamentó haber llegado a esta situación.
De momento, Julissa se ha refugiado en casa de una vecina, pero no ha buscado nada definitivo. En cuanto a su novio, está con unos amigos, también a la espera de que las circunstancias mejoren para los dos.
Pero su caso es complicado. «He trabajado de camarero, pero ahora tengo problemas de espalda y apenas puedo moverme», relató Pedro, de 29 años.
Mariano Mata, abogado especializado en desahucios, lamentó que se haya llegado a esta situación. Este letrado señaló que no ha llevado este asunto concreto, pero que lo conoce por representar a Pedro en otras causas.
«La normativa es muy estricta, pero debería tenerse en cuenta de que, en lo que se refiere a Julissa, se trata de una persona que pertenece a un colectivo vulnerable, pues no solo está embarazada sino que, además, carece de ingresos», apuntó el letrado.
Engranaje en marcha
Pedro indicó que había tratado de llegar a un acuerdo con la propiedad, a la que expuso que se hallaban pasando por un mal momento. Pero, una vez puesto en marcha el engranaje de la justicia, no ha sido posible detenerlo.
«Julissa no ha opuesto resistencia, ha permitido que la comitiva judicial y los agentes de la Policía entraran en el piso», comentó el joven camarero, que no se hallaba presente en el momento del desahucio.
«Ella estaba tranquilamente recostada en la cama cuando han entrado en el piso, la han agarrado y la han puesto en la puerta», dijo.
«Lamento que las cosas sean así, que las leyes no tengan nada previsto para personas como nosotros», añadió Pedro.
Al parecer, por algún motivo no determinado, la triste odisea de esta pareja no ha llegado a oídos de los movimientos sociales que ayudan a este tipo de víctimas de la sociedad.
No obstante, ninguno de los dos ha perdido la esperanza y ambos confían en que, tarde o temprano, captarán la atención de organizaciones que estén dispuestas a darles apoyo, al menos de forma temporal, hasta tanto resuelven sus problemas más acuciantes.
