Javier Allué: «Deberíamos reflexionar sobre las competencias que quedan por traspasar»

¿Comparte la teoría de que el Estatuto del 2007 iguala a Aragón con Cataluña o País Vasco en el nivel competencial?

Es cierto que no fue una reforma habitual, porque en la práctica fue un nuevo estatuto. Fue una reforma integral de todo el texto donde ya por fin hablamos de nacionalidad histórica, incorporamos un sistema nuevo de distribución competencial, también la capacidad del presidente para disolver las Cortes, incorporamos la bilateralidad como fórmula de relación con el Estado, además de los elementos de cooperación interinstitucional. Mantuvimos la opción aragonesa de un acuerdo bilateral de financiación y establecimos una reserva hidráulica del Ebro para evitar posibles trasvases. Incorporamos derechos y principios rectores que vinculan a las administraciones públicas. Sin duda, ese estatuto nos sitúa definitivamente con los mejores, los que tienen mayor autonomía. De hecho, una anécdota que suelo explicar es que se nos dio en Madrid tratamiento de una autonomía del 151. Durante siete u ocho reuniones, negociamos el texto en la comisión mixta del Congreso, algo a lo que las autonomías del 143 no tenían derecho. Enviaban sus estatutos a Madrid, se los recortaban y no podían decir nada. Nosotros sí negociamos el texto. 

Aragón se adelantó al resto de autonomías en iniciar los trámites de la futura reforma. Entiendo que esa estrategia fue clave en el desenlace final.

Sí. En torno a 2005 o 2006 se nos hizo un planteamiento desde Madrid sobre la posibilidad de que las comunidades autónomas igualaran todos sus estatutos y nosotros fuimos los primeros en responder a ese planteamiento. La verdad es que dimos un ejemplo de acuerdo y pacto entre todas las fuerzas políticas, a pesar de que finalmente Chunta Aragonesista votó en contra. Estoy convencido, se lo dije a Chesús Bernal, que CHA estuvo a punto de como mínimo abstenerse, pero votaron en contra. En fin. Recuerdo también que en las sesiones en la comisión mixta de Madrid participaron, entre otros, Soraya Sáenz de Santa María, Diego López Garrido, Ramón Jáuregui, el entonces ministro de Justicia. 

¿Qué recuerda de los trabajos de la ponencia que usted coordinó?

Hubo de todo. Hubo momentos de gran debate en los temas más polémicos, especialmente al inicio y al final de los trabajos de la ponencia, mientras que otros preceptos iban rodados y sin que hubiera problemas. Debatimos mucho y celebramos muchas sesiones. Valió la pena. Para mí, fue la experiencia más satisfactoria de mi vida política. Participar en la redacción del Estatuto no es cualquier cosa. Estoy muy orgulloso y agradezco a todas las personas que apostaron por mí. También recuerdo con cariño lo que me enriquecieron las sesiones técnicas que celebramos en Madrid.

Resulta paradójico que quince años después de su aprobación, todavía no se haya cumplido la totalidad del estatuto, en cuanto al traspaso de competencias y a la financiación. ¿A qué atribuye este hecho?

Es cierto. Faltan más de 20 competencias por traspasar. El problema es si las queremos económicamente bien dotadas o por el contrario preferimos que se las quede el Estado si no las vamos a recibir con el dinero necesario para su gestión. Reconozco que ése es un debate por hacer en Aragón. Vemos cómo otras regiones, el País Vasco por ejemplo, rascan lo que pueden rascar y van recibiendo competencias del Estado gracias a su situación de privilegio en el Congreso.