La lucha contra la despoblación es una las batallas que libra Aragón desde hace años. La comunidad lleva más de dos décadas combatiendo el fenómeno de la pérdida de habitantes en las zonas rurales con distintas estrategias, a las que se puede sumar antes de final de año la nueva Ley de Dinamización del Medio Rural, que ya está en las Cortes y puede ver la luz antes de que llegue 2023. Así lo cree Javier Allué, el comisionado del Gobierno de Aragón para la Lucha contra la Despoblación, que ve el proyecto como un gesto «de reconocimiento a vivir en determinados lugares» donde casi nadie quiere estar, esos en las que aún hay personas que resisten.
Aragón es una comunidad pionera en una lucha que no solo afecta a la comunidad sino a buena parte del país e incluso a otras regiones de Europa, cada una con sus singularidades.
La mayor novedad estriba en la fiscalidad diferenciada que se implanta en dos tipos de áreas a partir de la clasificación de asentamientos establecida en su artículo 28: los asentamientos rurales con alto riesgo de despoblación y los asentamientos en riesgo extremo, siempre que tengan un índice sintético de desarrollo territorial (ISDT) inferior a 100. Este índice es una variable que expresa numéricamente el desarrollo territorial de los asentamientos y municipios de Aragón en relación a un valor medio que se establece en 100 puntos. Estas dos catalogaciones abarcan 1.026 de los 1.553 asentamientos que hay en Aragón (un 66%) y en ellos tienen fijada su residencia 70.700 aragoneses (un 5% de la población total).
«Se identifica el mundo rural tal y como es, con las distintas órdenes de asentamiento que se publican cada año. En Aragón hay 1.553 asentamientos pero 730 municipios, que reconocemos en la ley como centralidades, suficientes y dependientes. Dentro de estos están los de problemática viabilidad», explica Allué, que añade que también queda recogida una clasificación específica de los asentamientos urbanos, intermedios, de alto riesgo y riesgo extremo de despoblación. «Son los rangos 8, 9 y 10 de un índice sintético inferior a 100. Este índice cruza un centenar de variables y es el indicador que determina el grado de desarrollo de un territorio, ya sea municipio o comarca, y también se actualiza anualmente».
A los más vulnerables, a los de rango 10, es a los que les llega una deducción fiscal de 600 euros. Son 703 asentamientos donde viven alrededor de 20.000 habitantes. «Esta es la realidad aragonesa. Si contamos los rangos 8 y 9 también, que es a los que les corresponde también las bonificaciones fiscales, llegamos a 1.026 y 70.700 habitantes».
LA REALIDAD Y SUS DESEQUILIBRIOS
Las más de 70.000 personas que viven en esos asentamientos representan el 5% de la población aragonesa. «Hay una media de casi el 70% de asentamientos de menos de 500 habitantes. No tiene más o menos importancia, simplemente refleja la realidad aragonesa con sus desequilibrios», manifiesta el comisionado.
Al mecanismo rural de garantías se le ha incorporado la perspectiva de cambio demográfico y la lucha contra la despoblación en el análisis de las distintas leyes, normativas y estrategias que puedan elaborar los distintos departamentos del Gobierno, de manera que, una vez que se elabore esa legislación, se estudie el análisis sobre el impacto en el medio rural.
«Los principios rectores marcan la pauta de actuación y establecen que el Gobierno de Aragón debe implicarse en actuar de una manera concreta y determinada. «Obliga, además, a incorporar determinadas medidas de discriminación positiva, con convocatorias de subvenciones, etcétera... Esa parte general es el libro de cabecera que todos los departamentos van a tener a la hora de elaborar sus estrategias y presupuestos. Es un buen paso adelante».
Luz verde este año
El debate de toma en consideración del proyecto de ley puede llegar durante mayo y en cualquier caso se espera antes de que concluya el trimestre. Luego habrá que contar con otros dos o tres meses de ponencia para sacar adelante esta ley de Dinamización del Medio Rural de Aragón que podría ver la luz antes de final de año.
La principal diferencia esta vez es que no se trata de un plan como otras veces, sino un proyecto de ley. Su principal virtud, por lo tanto, es que lleva camino de convertirse en ley, aunque eso ya lo deberán decidir en las Cortes de Aragón, por lo cual tiene un componente de obligatoriedad.
