La llamada de auxilio de los fabricantes aragoneses de mascarillas no ha caído en saco roto. Curiosamente, los cuatro grupos parlamentarios que sustentan al Gobierno de Aragón (PSOE, Podemos, CHA y PAR), el mismo que fue criticado por comprar a productores asiáticos, han presentado una proposición no de ley en la Cámara autonómica para la inclusión de consideraciones de sostenibilidad social, medioambiental y económica en las licitaciones de la Administración. De esta manera, recogen el guante lanzado el pasado martes en el mismo Parlamento aragonés –en la comisión de Comparecencias Ciudadanas– por cuatro productores locales de este producto sanitario, esencial en la lucha contra la pandemia. Para evitar su cierre, reclamaron que se prime la producción local de cubrebocas en los pliegos de los concursos públicos del Salud, que ahora están monopolizados por los productores asiáticos al tener casi como único criterio el precio.
Los grupos aliados en el Ejecutivo cuatripartito se han hecho eco de esta demanda en la iniciativa parlamentaria que registraron el martes en las Cortes de Aragón, que ahora tendrá que ser debatida y votada, pero cuenta con todas las papeletas de salir adelante al contar con el apoyo de estas cuatro formaciones. En el documento, recuerdan que al inicio de la pandemia, España sufrió un desabastecimiento de productos de protección personal, entre ellos, mascarillas. Varias empresas aragonesas, por iniciativa propia, decidieron poner en marcha líneas de fabricación para no depender de exportaciones de terceros países y dotar a España de una pequeña industria estratégica que ahora corre un serio peligro de desaparecer al no poder competir en precio con las manufacturas 'low cost' que llegan, principalmente, de China.
En la comunidad se llegaron a instalar al menos siete plantas de este tipo, algunas de las cuales han cesado ya su actividad. Cuatro empresas (Arpa, Dima, European Mask Factory y Cothala) alzaron la voz para no acabar desmantelando sus máquinas por la falta de demanda y evitar así que se desperdicien las importantes ayudas públicas que recibieron. En concreto, efectuaron una inversión inicial de algo más de dos millones de euros, de los que casi 800.000 fueron subvencionados por el Estado para favorecer ese autoabastecimiento. Supuso la creación de 48 puestos de trabajo, de los que apenas quedan 12 al caer la demanda de mascarillas, que ya no son obligatorias con carácter general. «Paradójicamente, las mismas instituciones que concedieron las subvenciones antes mencionadas, actualmente están adquiriendo basándose únicamente en el criterio precio», según recoge la proposición no de ley en la exposición de motivos, en la que se pide a la DGA que inste al Gobierno de España a introducir una serie de cambios en los procesos de contratación.
El cuatripartiro aboga por «respetar y fomentar» la competencia comercial en las compras de las Administraciones procurando, a través de las cláusulas sociales de los pliegos, «eliminar todos aquellos productos en cuya fabricación de origen no se respeten los derechos del trabajador respecto a salarios dignos, no discriminación o trabajo infantil». Piden también que se tengan en cuenta los parámetros de sostenibilidad ambiental y requerir efectividad en sus indicadores. La menor huella de carbono, normalmente la produce el producto fabricado en cercanía.
Reclaman, además, que se rentabilicen las inversiones efectuadas por el Estado en forma de subvenciones «protegiendo el tejido empresarial». Y apuestan por eliminar «la idea obsoleta de que la compra es un gasto», ya que «debe considerarse una inversión» en recursos internos, puestos de trabajo o recaudación de impuestos. Se trata de «utilizar todos los recursos» que la vigente Ley de Contratos del Sector Público pone en manos de los órganos de contratación, haciendo «un uso eficaz, eficiente y real» de dicha norma.
Criterios sociales, ambientales y económicos
La proposición no de ley que firman los portavoces parlamentarios de PSOE (Vicente Guillén), Podemos (Nacho Escartín), CHA (Joaquín Palacín) y PAR (Jesús Guerrero) pone de relieve las deficiencias y contradicciones que se produce en la contratación pública de mascarillas en España. Esto hace que las empresas asiáticas, o sus distribuidores en el país, «resultan las más favorecidas» siendo que, en la mayoría de las ocasiones, no cumplen las normas de reciprocidad de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) ni las recomendaciones de contratación pública Internacional.
La normativa de la Unión Europea y la Ley de Contratos del Sector Público instan y ofrecen la oportunidad de incluir dentro de las licitaciones parámetros que van más allá que el precio. Los cuatro partidos concluyen que es posible la inclusión de criterios de sostenibilidad social, medioambiental y económica, tal y como recomienda Bruselas en un documento en el que pide a los Estados miembros colaboración estrecha con el resto de instituciones europeas para mejorar la eficiencia de la contratación pública para impulsar la recuperación y hacer frente a futuras crisis. «Resulta imperativa la existencia de diversidad de fabricantes que aseguren el suministro a largo plazo», afirman.
