«Aragón, nacionalidad histórica, ejerce su derecho a la autonomía al amparo de la Constitución Española. Sus instituciones de autogobierno fundamentan su actuación en el respeto a la ley, la libertad, la justicia y los valores democráticos. El Reino de Aragón es la referencia de una larga historia del pueblo aragonés».
Así comienza nuestro actual Estatuto de Autonomía, reformado en 2007. En el número 329 de 'Andalán', julio de 1981, abría Luis Granell una de sus magistrales crónicas: "Con dificultades hasta el último minuto: ya tenemos Estatuto. Los parlamentarios y los diputados provinciales de Huesca, Teruel y Zaragoza aprobaron el martes por la noche, tras cuatro maratonianas sesiones de trabajo que consumieron más de veinte horas de debate, el texto del anteproyecto de Estatuto de Autonomía de Aragón".
Y la revista valoraba a fondo el hecho: "Estatuto, a pesar de todo. Nadie que haya conservado íntegras sus ilusiones autonomistas podrá sentirse entusiasmado con el proyecto de Estatuto que una asamblea mixta de diputados provinciales y parlamentarios acaba de aprobar. Pero tampoco decepcionado. Los defectos de nuestro Estatuto son, lógicamente, congruentes con los planteamientos políticos sobre la autonomía que se manifiestan por estos lares".
Y concluía esa muestra de realismo: "Ya tenemos Estatuto. Ahora tenemos que conseguir la autonomía".
"Nuestra pequeña Constitución"
El Estatuto es como nuestra pequeña Constitución. Nos concede –devuelve-- identidad y dignidad. A pesar del destrozo de Felipe V, no se había perdido sentido y sentimiento propios. Quedaban huellas, recuerdos, plasmados en el Apéndice al Código Civil correspondiente al Derecho Foral, aprobado en 1925, o la Compilación del Derecho civil, que lo derogó en 1967. Y, a la vez que se luchaba contra la dictadura, fue creciendo la demanda de "¡Libertad, amnistía, estatuto de autonomía!" en numerosos actos y manifestaciones. 'Andalán', desde su fundación en 1972, había reivindicado una autonomía de primer nivel, frente a quienes querían arrinconarnos por una vía lenta y mezquina.
Porque sabíamos que supondría el final de tratos de segunda en todo, decisiones sobre nuestra economía tomadas en Madrid por gentes que desconocían el territorio y hasta su trabajo. Y no servía de nada protestar, menos en una dictadura. De modo que, junto a la compleja y difícil transición democrática, como una consecuencia, surgió la demanda de Estatutos, en Aragón con especial empeño. Porque teníamos mucho que bregar: sobre nuestro patrimonio, arte, cultura, derecho civil, lenguas, historia, que podían responder bien enfocados quiénes éramos. Y cómo defender lo nuestro: no más, pero tampoco menos que otros.
Cuando se aprobó el Estatuto de autonomía de 1982, además de un gobierno electo, renacieron las Cortes y el Justicia, se definieron la bandera, el escudo, el himno. Teníamos Estatuto, pero no el que muchos hubiéramos querido. Y aún hubimos de soportar tretas centralistas contra ciertas competencias. Un alud de recursos de inconstitucionalidad, a veces fracasados, a veces no.
La reforma de 2007
Tras algunos cambios en 1994 y 1996, el Estatuto de 23 de abril de 2007 fue una reforma consensuada, casi un nuevo Estatuto. Porque creaba un marco jurídico distinto para los poderes públicos aragoneses, definiendo a Aragón como una nacionalidad histórica cuya identidad se funda en «sus instituciones tradicionales, el Derecho foral y su cultura» reconociendo «lenguas y modalidades lingüísticas propias de Aragón», la organización territorial, nuevas perspectivas económicas.
Ha habido varias elecciones, varios gobiernos, un centenar de leyes. Aún queda mucho. En los últimos ocho años se han producido intentos de actualización (en 2019, el Constitucional restituyó casi toda la ley que reivindicaba la nacionalidad histórica). Actualmente, Aragón dispone, con algunas excepciones (como policía autónoma y régimen penitenciario) del mismo ámbito competencial que las Comunidades que accedieron por la vía del artículo 151, como el País Vasco y Cataluña. Pero siguen y seguirán las luchas contra la autonomía. No sólo las de las extremas derechas, hasta hubo un exministro de Zapatero, Miguel Sebastián, que propuso dejar las tres autonomías históricas y diluir las otras 15 "para ahorrar". La historia no acaba.
En cambio, aunque la pandemia impidió esos avances, el actual gobierno cuatripartito se planteó otra reforma para acabar con el aforamiento de los miembros de las Cortes y la DGA y para garantizar que las tres provincias aportarán, al menos, 14 parlamentarios a las Cortes en las elecciones autonómicas. Lo primero, justo y urgente; lo segundo, no tan democrático.
En octubre, en una exposición Estatuto 40 en el zaragozano Palacio de Sástago se mostrarán gráficamente esos pasos, con una monografía especial. Para que cuantos quieran puedan rendir homenaje a nuestra Carta aragonesa, y gratitud a quienes la hicieron posible y mejorable.
