La eterna reivindicación de una financiación autonómica justa protagonizó la parte más encendida del debate entre los expresidentes de Aragón, llegando en ocasiones a parecerse a un cara a cara parlamentario de décadas atrás. Pese al acuerdo transversal sobre que la financiación que llega a la comunidad autónoma es "insuficiente" y que el sistema debe basarse en el coste real de los servicios para que Aragón no salga perjudicada, los matices sobre la fiscalidad y el papel del Estado fueron evidentes. Aunque las comunidades despobladas vayan siempre de la mano, independientemente del color político, el cómo se conforma el pastel a repartir dificulta alcanzar posturas comunes.
Iglesias y Rudi protagonizaron el rifirrafe dialéctico más productivo en el hemiciclo presidido por un ejemplar del Estatuto de Autonomía de Aragón. Mientras el presidente socialista defendió que "no se puede plantear un sistema de financiación donde el Estado pone dinero y las comunidades autónomas bajan los impuestos", la popular Luisa Fernanda Rudi recuperó la máxima del inicio de la "autonomía política y autonomía financiera" para reivindicar que las comunidades puedan bajar el tramo de sus impuestos cedidos. "Si nos creemos la autonomía, nos la creemos al 100%", recalcó.
¿Riesgo de 'dumping' fiscal?
Iglesias alertó, sin embargo, del riesgo del 'dumping' fiscal y el desequilibrio que puede provocar entre las comunidades autónomas más ricas y las más pobres. "El esfuerzo fiscal hay que premiarlo; no penalizarlo. A las comunidades que no quieren hacer un esfuerzo fiscal, yo del Estado no les daría nada", reflexionó el socialista. "Madrid tiene casi el doble de renta per cápita que Extremadura. Con esta diferencia, si el Estado no interviene, el desequilibrio será cada vez mayor. Y Madrid no tiene más renta per cápita por casualidad o porque sean más trabajadores, sino porque tiene el Consejo de Ministros y las empresas quieren ubicarse cerca. Si ahí permites que baje incluso los impuestos, cada vez habrá más desequilibrios", insistió. También Santiago Marraco reivindicó la "equidad fiscal". "Todos los ciudadanos tienen que soportar los mismos impuestos", incidió.
La popular discrepó de plano con esta lectura. "Lo de Madrid no es 'dumping' fiscal. Utilizáis esa palabra, pero no es 'dumping' fiscal; eso es competencia a través de una decisión política dentro de la autonomía que tiene cada comunidad", subrayó la expresidenta del PP, que recordó que "todas las comunidades compiten entre sí para atraer inversiones, lo que significa desarrollo y por lo tanto mayor bienestar". De esta forma, abogó por "no poner topes" a lo que las comunidades pueden reducir su tramo de impuestos. "Las comunidades no son ayuntamientos; tienen más autonomía", recalcó.
Una financiación a todas luces escasa
Los expresidentes Santiago Marraco y José Marco pusieron el foco en la escasez de financiación que llega del Estado para sufragar los servicios públicos. "El problema es que lo que se ha transferido (a las comunidades) es la gestión de los recursos más inmediatos para el ciudadano, la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales, que representan el 70% del total del presupuesto", recordó Marraco. "Haber transferido la parte más costosa es lo que tiene a las comunidades cautivas de una permanente falta de financiación", consideró.
En esta línea, Marco puso el punto de mira en las desigualdades de financiación que ya recoge la Constitución Española, como el cupo vasco o el sistema foral de Navarra. "Salvo el problema del cupo vasco, o de Navarra, que nunca llegaremos a tener nosotros porque la Constitución no nos deja; en el resto tenemos que ser iguales a los demás y participar de manera conjunta en el reparto; no lo puede decidir solo el presidente del Gobierno", reclamó. Eso sí, todos coincidieron en que el Estado deberá poner «más dinero sobre la mesa» para contentar a todas las autonomías. El encaje de bolillos, de nuevo, se antoja complicado.
