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El Periódico de Aragón

LA GESTIÓN SANITARIA EN LA COMUNIDAD

El Gobierno de Aragón impugna el convenio colectivo del transporte sanitario

El Ejecutivo mueve ficha para poder publicar "en breve" el nuevo pliego de ambulancias / Los sindicatos se muestran «indignados» ante la actitud del Gobierno

Una protesta de los sindicatos del sector del transporte sanitario, en marzo de 2021, ante las puertas del Salud. ÁNGEL DE CASTRO

El Gobierno de Aragón ha impugnado los acuerdos adoptados el pasado 16 de febrero por el sector del transporte sanitario en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA) y que ponían fin a casi un año de huelga tras alcanzar un nuevo convenio colectivo.

El Ejecutivo autonómico ha tomado esta decisión, según indicaron ayer a este diario fuentes del mismo, al considerar que lo pactado entre los trabajadores y la empresa Acciona, adjudicataria del servicio, es un «uso fraudulento y abusivo» de la negociación colectiva y supone «una grave lesividad» en la contratación futura de la prestación del servicio.

Entre las medidas acordadas figuraba una subida salarial hasta 2026 y una reorganización de las jornadas laborales.

La licitación del nuevo pliego de condiciones de las ambulancias en Aragón se va a publicar en «breve» y, precisamente, el movimiento que ha realizado la DGA responde al hecho de no poder acatar en el nuevo contrato las condiciones y los incrementos retributivos que pactaron los trabajadores y la empresa.

Es decir, que para poder publicar el otro contrato la DGA debe tener garantía que el acuerdo adoptado no sigue vigente al ser, como han dicho en reiteradas ocasiones, «inasumible».

Desde el Ejecutivo insisten en que el acuerdo de febrero en el SAMA «fuerza a que sea la Administración quien asuma irremediablemente» unos incrementos salariales en el futuro pliego que son «imposibles de aceptar en el ámbito propio natural de la negociación colectiva por las empresas del sector», apuntaron desde la DGA.

Acciona, al margen

A todo ello se suma que Acciona, la empresa que pactó las condiciones con los empleados y la actual adjudicataria del servicio, ya ha comunicado tanto a los trabajadores como al Gobierno de Aragón que no se va a presentar al nuevo contrato. Es decir, que la entidad acordó unos términos que ya sabía que no iba a tener que asumir porque no iba a optar al concurso.

Los sindicatos del sector del transporte sanitario mostraron ayer su «indignación» tras conocer la impugnación de la DGA. «No le compete en absoluto deslegitimar una negociación colectiva entre la empresa y sus trabajadores. La Administración siempre ha dicho que no se puede inmiscuir en estos asuntos y ahora resulta que no le gusta el acuerdo», señaló a este diario Juan Antonio Busqueta, del Sindicato Cooperación Sindical (SCS)

«Esto abre un melón porque ahora ¿quién va a fijar la negociación colectiva? Es un despropósito», dijo, al tiempo que apuntó que los colectivos no descartan iniciar movilizaciones al respecto.

Sobre los argumentos que da la DGA para impugnar el convenio, Busqueta señaló que la subida salarial «en absoluto es desorbitada», consideró. «Este convenio llevaba parado desde 2019 y el acuerdo absorbe 8 años, de 2019 a 2026, de tal modo que será una subida anual del 2%. Con la inflación que hay ahora, si entrara en vigor lo pacto, ya estaríamos perdiendo dinero», argumentó Busqueta.

Horas extra a «coste cero»

En cuanto a las jornadas laborales, el portavoz indicó que «se estaban triplicando» en muchos casos las horas establecidas «y a coste cero». «Es algo legítimo reclamar esta mejora para que cada trabajador cumpla con lo que tiene establecido en su contrato, creo yo», apuntó el portavoz.

El nuevo contrato del servicio de ambulancias en Aragón generó polémica hace dos meses porque, cuando todavía estaba sin redactar ni licitar, se presentó públicamente un borrador que no contentó a las partes.

La oposición y los alcaldes de los pueblos donde actualmente hay un vehículo sanitario advirtieron de una posible pérdida de ambulancias, pero la DGA dejó claro que el próximo pliego no contempla «en absoluto» la retirada de ambulancias de los pueblos donde ya las hay, sino que aumentarán los recursos, así como el personal. Está por ver a cuánto ascenderá la cuantía del contrato, que según aventuró la DGA será mayor que la del actual.

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