La Cámara de Cuentas advierte en su informe de 2020 que el Gobierno de Aragón pagó casi 245.000 euros por la compra de equipos de protección individual (epis) en abril de 2020 pero que no consta factura del proveedor (una empresa holandesa) por lo que desconocían, afirmaban, si llegó el producto. Ante esta crítica, los responsables del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) han comparecido este sábado para asegurar que el material llegó (el 26 de abril) y que poco después se repartieron entre los centros sociosanitarios de todo Aragón. Sin embargo, sí que reconocieron que hubo un problema «burocrático» porque el proveedor emitió las facturas por correo electrónico y no como facturas originales (también electrónicas) volcadas en el sistema habilitado para ello, llamado FACE.
La directora del IASS, Noelia Carbó, dijo que el Ejecutivo estaba «muy tranquilo con este contrato» y, pese al defecto de forma, ya se han entregado las alegaciones pertinentes a la Cámara de Cuentas, que se incluirá en el informe definitivo dedicado al covid que aún está en fase provisional, ya que no se publicará hasta junio de este año. La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, pedirá comparecer en las Cortes próximamente para dar explicaciones al respecto.
Carbó quiso hacer también hincapié en el contexto en el que se produjo ese contrato, el 3 de abril de 2020, un «momento complicado» donde se buscaba material de prevención «por tierra, mar y aire» puesto que el objetivo era «garantizar la protección de los centros residenciales, tanto de los usuarios como del personal». En este sentido, señaló que el «material se recibió» el 26 de abril y el 3 de mayo se repartieron en las residencias, tanto públicas como privadas, de las tres provincias. Junto a Carbó estuvo presente el secretario general técnico de Ciudadanía, José Antonio Jiménez, quien explicó que el contrato se hizo como prueba, para ver si funcionaba ese canal de venta.
Condena por no dar material
La compra de epis presuntamente sin factura no es la primera polémica surgida con la DGA. En esta ocasión la polémica surge porque se compraron en un momento en el que el mercado estaba «roto» (el 3 de abril, cuando la pandemia no había hecho más que entrar en España) porque no había dónde comprar. Pero el Ejecutivo que preside Javier Lambán ya se ha visto salpicado por problemas en la adquisición de epis.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón confirmó también en 2020 la condena al Gobierno de Aragón por no aportar los Equipos de Protección Individual necesarios al personal sanitario. La denuncia partió del sindicato médico Fasamet porque no se les suministraba materiales siendo que era «previsible» que el covid llegara a nuestro país puesto que la OMS había advertido de su expansión.
En las alegaciones presentadas por el IASS se incluye la documentación de que el organismo compró las 70.000 mascarillas quirúrgicas, un millón de guantes y 7.000 mascarillas FFP2 y las recibió, ya que Jiménez acudió personalmente a la recepción del material. En ese momento, estaba vigente un decreto ley que amparaba las compras de las administraciones con pagos anticipados con el aval del Estado. Los epis llegaron al aeropuerto de Zaragoza y descubrieron que los certificados de material no eran «correctos», por lo que los sometieron a control. Las FPP2 no las pasaron y se utilizaron como quirúrgicas.
Jiménez reiteró que han enviado a la Cámara de Cuentas la notificación y la orden para despachar la mercancía. Sí que reconoció que hubo algún «problema» con el proveedor, que pidió más dinero por el transporte, que no se llevó a cabo y tras la dilación en la emisión de la factura al no remitirla como factura electrónica en la plataforma FACE. En este sentido, reconoció que quizá no fueron «lo suficientemente diligentes» para tramitarlas en papel a pesar de que la norma lo permitía. «No se ha pagado a nadie», concluyó, antes de reiterar que hay que tener en cuenta el momento de la compra, que era «muy crítico» porque no había protecciones. La DGA ya no volvió a comprar material a esta empresa.
El PP, por su parte, exigió la comparecencia en el parlamento del presidente aragonés, Javier Lambán, para que dé explicaciones sobre la «oscura» compra por 244.570 euros de mascarillas y guantes a una empresa con sede en Ámsterdam sin que existan facturas, una situación que afecta a la «credibilidad» del Ejecutivo. Además, Mar Vaquero, portavoz popular, señaló la «falta de transparencia y de control» en la compra y se preguntó cuántas de estas operaciones «irregulares» se llegaron a realizar durante la pandemia.
