El Periódico de Aragón

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SUCESOS EN ARAGÓN

La embarazada desahuciada en Zaragoza pudo optar a ayuda social, según la propietaria

Julissa adeudaba nueve meses y no tres, alega la representante de la dueña

Grafito aparecido en la vivienda desahuciada, según la propietaria. SERVICIO ESPECIAL

Julissa, la joven de 23 años que fue desahuciada a principios de abril de su domicilio en Movera (Zaragoza) pese a estar embarazada de siete meses, fue informada por el juzgado que tramitó el lanzamiento de que tenía la posibilidad de demostrar su situación de vulnerabilidad y así obtener ayuda de los Servicios Sociales de las distintas instituciones.

Así lo ha comunicado la letrada zaragozana Carmen Pérez García, que ha representado en el procedimiento judicial a la propietaria de la vivienda, situada en la avenida de Santa Isabel.

En la documentación remitida a la afectada se le informaba de la posibilidad de obtener una alternativa habitacional, previo consentimiento de la parte afectada, con el fin de que su caso fuera conocido por los Servicios Sociales y se pudiera buscar una solución, según la misma fuente.

Alternativa habitacional

La abogada señala asimismo que se han realizado “hasta cuatro notificaciones” en viviendas distintas a la pareja de Julissa, que figura como firmante del contrato de alquiler, que dio lugar al procedimiento de desahucio por impago reiterado de las mensualidades. El compañero no se hallaba en el piso el día del lanzamiento.

Carmen Pérez asegura que la afectada, en el acto del lanzamiento, alegó que ya no era pareja del titular del contrato. Con ello, afirma, “pretendió engañar a la comisión judicial, a la Policía y a la procuradora, con el fin de evitar el desahucio” mediante la negación del vínculo entre ambos.

La representante de la propietaria informa asimismo de que el día del lanzamiento el demandado y su pareja adeudaban nueve meses de alquiler, frente a los tres que estos reconocen.

El día del desahucio, según la misma fuente, la joven “se hallaba detrás de la puerta” y “se negó a identificarse”, por lo que “hubo que llamar a la Policía”. Asimismo, subraya Carmen Pérez, Julissa “no salió por la fuerza” de la vivienda y lo hizo al cabo de dos horas tras el comienzo del lanzamiento, tiempo durante el cual “se dedicó a hablar por teléfono y a mandar mensajes, recibiendo en cada momento instrucciones de lo que tenía que hacer y decir”.

Retraso en los pagos

La letrada ha indicado que la propietaria y sus hijos ofrecieron ayuda a la joven para facilitar el lanzamiento y que Julissa fue acogida después en casa de un familiar, situada en el mismo edificio.

Asimismo, la representante legal de la propiedad indica que los inquilinos pagaban las mensualidades “con mucho retraso desde el principio”, pese a lo que la dueña le “les permitió pagar cuando podían”, hasta que llegó un momento en que “dejaron de abonar cantidad alguna”.

Por otro lado, añade que la vivienda, una vez recuperada por su propietaria, presentaba pintadas o grafitos en las paredes (a modo de firmas), así como problemas derivados de la suciedad y de un trato no adecuado a la instalación. 

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