La fuerte subida de los precios de la construcción, como consecuencia de la coyuntura internacional provocada por la guerra de Ucrania y el incremento del precio de los combustibles, ha llevado al Gobierno de España y a la DGA a publicar sendos decretos en los que se autorizan las revisiones al alza del coste de los proyectos en proceso de realización para las administraciones públicas. Se trata de una herramienta legal que requiere una adhesión previa de los entes locales.

Pero la medida ha sido recibida de muy distinta forma por los protagonistas. Por un lado, los constructores están convencidos de que la medida, tomada como respuesta a la mayor subida de precios de los materiales desde los años 70 del pasado siglo, hará que muchos ayuntamientos se echen para atrás y provoque una masiva paralización de las obras.

Por otro lado, los ayuntamientos, con excepción de algunos de ciudades de tamaño grande y mediano, ven que el encarecimiento de los materiales, con una media del 20%, puede hacer imposible que se emprendan o terminen obras fundamentales para sus vecinos. «Nosotros no tenemos recursos para asumir los sobrecostes», reconoce Justo Cortés, alcalde de Villastar, un pueblo turolense de medio millar de habitantes al sur de la capital provincial.

Calatayud: «Si no nos adherimos, no se ejecutarán las obras»

La ciudad de Calatayud se encuentran con el problema de que la mayoría de las obras que se han planteado se solicitaron a la Diputación Provincial de Zaragoza hace un año y medio o cerca de dos, como es el caso del Plan Plus. En el periodo que va de la tramitación administrativa a la realización de los proyectos los precios se han disparado, lo que ha llevado a que «algunas obras queden desiertas y haya que volver a actualizar los precios de mercado», explica el alcalde bilbilitano, José Manuel Aranda, del PP.

«Nos vamos a adherir al decreto porque la subida del precio de los materiales ha creado un precio insostenible», añade. «El desajuste presupuestario hace que haya que adherirse al decreto, pues de otra forma no se ejecutarán las obras», afirma. Con todo, el regidor sostiene que no se renunciará a ninguno de los proyectos en que anda embarcada la cuarta ciudad de la comunidad aragonesa. «No creo que, al final, se quede en el aire ninguna de las obras previstas, pues intentaremos apretarnos el cinturón para que salgan adelante», asegura Aranda. 

Luis Zubieta, alcalde de Zuera y presidente de la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP), señala que existe el riesgo de que el desfase de precios en los materiales de construcción haga que queden desiertas las licitaciones. Por eso, desde su punto de vista, los decretos del Gobierno central y de la DGA constituyen «un paso importante para poder desatascar el problema».

Los más pequeños, los más perjudicados

Por eso considera que la solución está en que las corporaciones que puedan «tiren de remanentes», una capacidad que han recuperado tras los años más duros de la crisis económica, en la que se prohibió a los ayuntamientos que hicieran uso de sus reservas. Se trata, con todo, de una forma de actuar que puede durar más o menos tiempo, en función de la coyuntura económica. Además, las localidades con presupuestos cerrados y sin ahorros lo tendrán más difícil para adaptarse a los cambios.

Por todo ello Zubieta reconoce que la situación es complicada. «Habrá ayuntamientos que podrán acogerse al decreto y otros que no podrán hacerlo», indica. Se verán menos perjudicados, apunta, aquellos consistorios que cuentan con remanentes.

Benasque: «Algo hay que hacer para que no pare la obra pública»

El municipio pirenaico de Benasque comprende que «hay que dar una solución» al problema planteado por el incremento de los materiales de construcción. «Si no se hace nada, se va a parar toda la obra pública», subraya Ignacio Abadías, alcalde de la localidad por el PAR.

Benasque, de momento, no se enfrenta al problema de los sobrecostes debido a que las obras se planearon con mucho margen. «Ninguna empresa nos ha planteado todavía el asunto del aumento de costes», manifiesta el regidor, «lo que no quiere decir que no se produzca, porque hay obras en marcha y puede pasar de todo todavía».

La localidad está acondicionando las aceras de algunas calles, señala Abadías, que ve «lógico» recurrir a una herramienta legal que evite que se pare la obra civil que llevan a cabo las administraciones. «Es algo necesario, pues el coste no lo ha determinado ni el adjudicatario ni el adjudicador, por lo que la única solución razonable que cabe es asumir esa subida, pues si no se hace así se paralizará toda la actividad económica», mantiene el primer edil. 

"Seguro que ya hay ayuntamientos de pocos habitantes que tienen problemas, y se debe recordar que en Aragón hay muchos municipios poco poblados"

Este es el caso de Zuera, que «tendrá que tirar de remanentes para cambiar alguna licitación que se ha quedado baja» debido a que el precio estipulado en dos de ellas «se ha quedado obsoleto». Pero esa capacidad de respuesta, afirma, solo la ve posible en los ayuntamientos más grandes, mientras que otros, más pequeños, que «no podrán aunque quieran aumentar la licitación».

«A estas alturas, seguro que ya hay ayuntamientos de pocos habitantes que tienen problemas, y se debe recordar que en Aragón hay muchos municipios poco poblados», denuncia Zubieta.

"No hay alternativa"

Alberto Herrero, alcalde de Calanda por el PP, opina que el decreto, «de primeras, suena bien y es necesario» y su ayuntamiento va a adherirse con el fin de sacar adelante las obras. «No queremos perjudicar a los contratistas», recalca.

De hecho, manifiesta Herrero, el sobrecoste «ya era un problema». «Veíamos cómo las licitaciones se quedaban desiertas porque los precios estaban anclados en el pasado» y «era muy difícil que alguna empresa pudiera realizar las obras en esas condiciones».

El regidor calandino sostiene que una forma de paliar la situación es que la Administración «más cercana a los municipios», la diputación provincial, vele para que los pueblos más pequeños puedan costear las obras que necesitan llevar a cabo.   

Villastar: «Si no podemos hacer el 100%, haremos el 80%»

Los pueblos pequeños son los más desprotegidos ante el encarecimiento de los costes de la construcción, si bien todos ellos cuentan con el asesoramiento y la ayuda económica de las diputaciones. «Somos un ayuntamiento pequeño y primero hacemos una obra y luego otra, para poder asumir el coste», explica Justo Cortés, alcalde de Chunta Aragonesista en Villastar, en Teruel.

De momento, la obra que está en marcha, la modernización de la traída de aguas, saldrá al precio convenido, «ya que el contratista tenía material almacenado». El coste es de unos 50.000 euros y comprende la renovación de unos dos kilómetros de tubería.

Pero ora obra aún no iniciada «tendrá problemas». «A través del Fite nos llegarán 120.000 euros, pero el técnico ya nos advirtió de que, cuando se haga el proyecto, se quedarán cortos», explica. «Nosotros no tenemos solvencia para aportar la diferencia», asegura. «Por eso si no podemos hacer un 100%, pues haremos un 80%», subraya. 

Pilar Mustieles, alcaldesa de Caspe por el PSOE, también se va a adherir. «Es importante hacerlo para que se agilicen los trámites y no se paralicen las obras debido al incremento de los precios, que en algunos casos supera el 20%», indica la regidora, que dice que ahora mismo la ciudad tiene en marcha «un montón de obras» en calles, monumentos y edificios.

Ignacio Urquizu, alcalde socialista de Alcañiz, ve positivo que se haya dado «una cobertura legal» a la necesidad de los municipios de seguir adelante con las obras emprendidas. Sabe que la medida será gravosa para las arcas municipales, pero reconoce que «no hay alternativa». «Las obras, que además son competencia de la Administración local, no pueden quedar sin hacerse», advierte.

"En su justa medida"

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Por su parte, la Diputación de Teruel ya ha suscrito el decreto que garantiza la revisión de los precios de las obras, señala Manuel Rando, presidente socialista de la institución provincial y alcalde de Calamocha, una localidad que pronto dará este paso. En su opinión se trata de una medida correcta "siempre se haga en su justa medida", de forma que, además de las subidas, se recojan las bajadas de precios, "si las hubiera".

Además, Rando hace hincapié en que es preciso que el aumento de los materiales se refleje y demuestre en los informes técnicos y en los presupuestos presentados por los contratistas. "Se debe tener en cuenta que determinados costes, como el de personal, no han experimentado una subida", indica.