¿Qué opina de los catorce años de gestión de Aragón de la Administración de Justicia?

El balance es positivo. Si uno piensa en cómo ha mejorado la Administración de Justicia desde el 2008, nos podemos sentir relativamente satisfechos. Digo relativamente, porque siempre se puede mejorar. Las infraestructuras han mejorado, sobre todo, los edificios judiciales. 

Tenemos una Ciudad de la Justicia en Zaragoza que es modélica; también el Palacio de Justicia de Huesca es una infraestructura moderna. Se han mejorado también en los pueblos. En el ámbito de las infraestructuras, falta el desarrollo del plan directivo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que es un patrimonio de los aragoneses. Es muy importante mejorar el edificio y hacerlo más funcional. 

Otro aspecto en el que más desarrollo ha habido es el de las nuevas tecnologías. Se ha dado el gran paso de la digitalización, se ha implantado el expediente digital electrónico, las videoconferencias, la digitalización de los registros civiles que está en camino. Ha sido un paso que nos ha colocado en el futuro y en cabeza de todas las comunidades autónomas. ¿Dónde deberíamos avanzar más? En el número de órganos judiciales. Se han hecho avances, pero es necesario crear más. 

¿Existe el riesgo de desigualdad entre autonomías por el grado de desarrollo de la digitalización? 

Sin lugar a dudas. Ese es uno de los problemas y es necesaria mayor coordinación. En España tenemos una justicia a dos velocidades. En el tema de las nuevas tecnologías, hay una serie de comunidades autónomas que, como Aragón, tienen mayor desarrollo tecnológico y, sin embargo, en el ámbito organizativo, en la modificación de la oficina judicial hay otras comunidades más avanzadas que Aragón. 

El hecho de que todas las autonomías no estén al mismo nivel en el desarrollo tecnológico comporta problemas de interoperatividad. El trasvase de datos de unas comunidades a otras no es posible y con eso se pierde parte de la eficacia que ganamos con la digitalización. 

¿Sería partidario de que la competencia fuera devuelta al Gobierno central para evitar esas dos velocidades de las que habla?

No sería partidario de la devolución de la competencia, creo que la coordinación es posible. En el ámbito de la Administración de Justicia, en el que Aragón es una comunidad que no tiene un peso excesivo porque no tiene mucha población ni muchos órganos judiciales, creo que la cercanía con la consejería correspondiente es mayor que con el Ministerio. 

En el ámbito de los medios materiales y personales, la consejería puede ser más consciente de los verdaderos problemas que hay. Devolver la competencia sería un retroceso.

¿Cuál sería su reto de futuro?

Tenemos tres retos. Uno, sería seguir avanzando en el ámbito de las nuevas tecnologías para que no nos quedemos desfasados. Otro es la reforma de la oficina judicial para llegar a los tribunales de instancia; y creo que deberíamos buscar una mayor eficiencia en cuanto a la planta judicial. Son necesarios más órganos judiciales, especialmente de civil.