Francisco es un vecino de Valencia que tenía dificultades económicas para abonar la hipoteca de su vivienda si bien, en ese momento, se encontraba al día en el pago de las cuotas hipotecarias y no se había iniciado procedimiento judicial alguno, pues los impagos puntuales que pudiera tener los abonaba en el mes o los meses siguientes. Quería solucionar sus dificultades económicas y localizó en Internet un anuncio de El Negociador Bancario, en Zaragoza. A él acudió y acabó siendo estafado. Ahora, los responsables de este negocio han sido condenados por estafa a 16 meses de cárcel y al pago de una indemnización de 10.000 euros.
Según la sentencia del Juzgado de lo Penal número 3 de Zaragoza Armando G. T., a través del intermediario Vicente P. F. ofreció a Francisco una quita económica importante del préstamo o una indemnización, quedando libre de gastos, si bien, para defender su caso, este debía dejar de pagar en adelante, todas las cuotas de la hipoteca, «de forma que ante la apariencia de licitud, en la confianza que le generó uno de los acusados y en la creencia de actuaba de buena fe, accedió a concertar el contrato, dejando de abonar las cuotas hipotecarias desde el mes de agosto de 2015». Lo hizo previa suscripción con El Negociador Bancario de un contrato de encargo de defensa jurídica, en septiembre de 2015.
En el contrato civil se hizo constar por los acusados, que el plazo medio de duración del proceso sería de 7 a 8 años y durante este periodo, El Negociador Bancario le garantizaba que dispondría del inmueble, pudiendo hacer uso de él e incluso alquilarlo; que si en el momento en el que se resolviera judicialmente el procedimiento no se hubiera terminado de pagar la cantidad acordada. Este quedaría resuelto no teniendo el cliente que pagar ninguna cantidad más; que los avalistas quedarían libres de cualquier carga o reclamación; que al final del procedimiento el cliente decidía si entregar el inmueble al banco y dejar la deuda cancelada o recuperarlo en condiciones mucho más ventajosas que las que tenía en ese momento, ofreciendo quitas muy importantes sobre la deuda e incluso acogiéndose al pago fraccionado al Juzgado, del importe de la deuda resultante.
El precio por el servicio de defensa jurídica de los intereses de Francisco en el procedimiento judicial, se fijó en la cantidad de 10.000 euros más impuestos, sin incluir los honorarios de procurador, a pagar en cuotas mensuales de 200 euros.
Al final, este valenciano pagó el importe de 2.613,41 euros por los servicios, se quedó sin vivienda y con una deuda de 87.469,52 euros de la que se acaba de librar con una dación en pago. Ahora acaba de ver, a través de su abogada Irene Romea, que Armando G. T. y Vicente P. F. han sido condenados y que será indemnizado.
