Se han cumplido catorce años del traspaso de la competencia de Justicia a la comunidad, ¿cuál es su balance?

Ha ido bien, pero con matices. Somos doce autonomías con la transferencia de Justicia. Nuestro Gobierno tiene capacidad de administrar la plantilla y los medios materiales, que es algo fundamental, pero para que esto funcione intervienen dos y a veces tres administraciones, y eso genera conflicto. Quien controla y paga a los jueces y secretarios es el Ministerio de Justicia, quien controla las designaciones es el Consejo General del Poder Judicial y el Gobierno aragonés se encarga de las infraestructuras y paga las nóminas de los funcionarios. Y todo eso genera distorsión y desigualdad entre comunidades autónomas. ¿Por qué en Zaragoza se llevan los pleitos con un ritmo determinado gracias al mayor desarrollo del expediente digital y de las comunicaciones telemáticas y, sin embargo, no es así en Cuenca, por ejemplo? 

¿Qué solución tiene ese barullo judicial que usted plantea?

Durante 40 años, hemos destacado excesivamente que la transferencia era la capacidad de libertad de la comunidad autónoma y eso no es así. Vemos el ejemplo de Francia, que es el caso más claro de Estado centralista. ¿Les funciona mal la justicia? Pienso que no. En algunos ámbitos nos deberíamos poner de acuerdo o corremos el riesgo de que se incrementen las diferencias entre autonomías. 

¿Su apuesta pasaría por devolver al Estado la competencia de Justicia?

Quizás nos podríamos plantear lo de las infraestructuras. Estamos mejor que antes del traspaso, pero insisto en que existe el riesgo de que haya diferencias entre autonomías a la hora de impartir justicia. 

¿Los principales hitos de estos años han sido la Ciudad de la Justicia de Zaragoza y las nuevas tecnologías?

Estas son las dos cuestiones más significativas. Es muy importante tener una sede digna como la actual de la Ciudad de la Justicia. Y en el trabajo cotidiano, que lo notan los ciudadanos, ha sido un gran avance el uso de las tecnologías. Que todos podamos tener acceso al expediente digital de un juicio. Es ponernos de verdad en el siglo XXI. El único problema es que todavía vemos algunas actitudes muy funcionariales. ¿Ha cambiado? Sí. Pero todavía hay que cambiar más, no solo los funcionarios de abajo sino también los que están arriba, porque esto es una cadena.