Los trabajadores del sector del transporte sanitario urgente en Aragón están «expectantes» a lo que suceda este martes en el juicio por la impugnación del Gobierno de Aragón al convenio colectivo para tomar o no medidas. La sesión, que tendrá lugar en Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), se celebra después de que la DGA recurriera en abril el acuerdo de convenio firmado entre Acciona (la empresa adjudicataria) y los trabajadores en febrero.
«Si se estima la decisión de la DGA, volveremos a un estado de huelga indefinida en el sector», aseguró este lunes de forma tajante a este diario Juan Antonio Busqueta, portavoz del Sindicato Cooperación Sindical. «En el caso de que se anule el acuerdo, estaremos en un escenario de una negociación pendiente, con un convenio caducado desde hace 4 años y con una situación de inseguridad jurídica para las empresas que se tienen que presentar al nuevo contrato», apuntó.
En el caso de que el TSJA no estime la impugnación presentada por la DGA, la Administración «está ante un problema», según Busqueta, porque eso supondría cambios en el nuevo contrato.
El juicio, que tendrá lugar a las 10.30 horas, se produce en un momento en el que la DGA acaba de publicar el nuevo pliego del transporte sanitario urgente en Aragón, al que tienen que optar las empresas y entre las que no estará Acciona, la entidad que firmó el convenio. «Para la que se haga con el servicio será difícil calcular el gasto de personal si no hay convenio vigente», indicó Busqueta.
En el caso de que el TSJA no estime la impugnación presentada por la DGA, la Administración «está ante un problema», según Busqueta, porque eso supondría cambios en el nuevo contrato (que contempla 127 millones de euros). «Si no se incrementa un poco la partida presupuestaria para acoger todo lo firmado en el convenio, el pliego puede dar problemas y quizás se tenga que volver a redactar con otras condiciones», señaló.
De acuerdo con las subidas salariales contempladas en el convenio de febrero entre empresa y trabajadores, Busqueta recalcó que «un 80% de la masa salarial va a poner sus pluses fijos a disposición» para que la plantilla «tenga los incrementos pactados», dijo.
"Los motivos de la impugnación de los acuerdos adoptados son un uso fraudulento y abusivo de la negociación colectiva", señalan desde la DGA.
«Es un convenio solidario porque las cuantías económicas de los trabajadores se van a repartir en beneficio de todos», reiteró. Por otro lado, Busqueta recordó que en el convenio colectivo firmado se eliminaba la localización dentro de la jornada, una situación que venía generando «un abuso» al duplicarse y triplicarles las horas de trabajo.
«Eso exige más plantilla y más gastos. Si no se estima la impugnación de la DGA, la Administración tendrá que incluir esto en su pliego, porque el nuevo sigue manteniendo la localización», reiteró.
«Grave lesividad» para la DGA
Por su parte, fuentes del Ejecutivo autonómico apuntaron a este diario que los motivos de la impugnación de los acuerdos adoptados son «un uso fraudulento y abusivo» de la negociación colectiva y suponen una «grave lesividad» en la contratación futura de la prestación del servicio.
En este sentido, señalaron que el pacto alcanzado entre los empleados y Acciona (que además ya ha comunicado que no va a seguir gestionando el servicio) «fuerza» a que sea la Administración «quien asuma irremediablemente las condiciones». Esto condiciona a la DGA «a licitar los futuros contratos con subidas retributivas que serían imposibles de aceptar en el ámbito propio natural de la negociación colectiva por las empresas del sector», insistieron desde el Gobierno de Aragón.