El Departamento de Hacienda del Gobierno de Aragón trabaja en un nuevo decreto que ayude a "simplificar" las próximas convocatorias de empleo público en la comunidad autónoma; unas 300 en los próximos dos años. Así lo ha anunciado el director general de la Función Pública, Esteban del Ruste, este lunes en la comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón, en la que ha dado cuenta del desglose de los datos de las próximas convocatorias de empleo público que pretenden reducir la temporalidad en la Administración por debajo del 8%.
El director general ha avanzado que el Gobierno autonómico aprobará un nuevo decreto de selección de personal que regulará la simplificación de exámenes, la agrupación de las pruebas en las mismas fechas siempre que sea posible, y la sustitución de los tribunales, "que tantos problemas nos dan", por "algo diferente que permita una gestión más eficaz y rápida".
"Con estas medidas, yo sí confío en que podamos sacar adelante todos los procesos, más de 300 en poco más de dos años", ha manifestado Del Ruste. "Lo intentaremos, pondremos todos los medios", ha asegurado.
Para lograrlo, no obstante, el Ejecutivo autonómico no se plantea "incrementar innecesariamente plantilla en un órgano que luego no la necesite", aunque sí se prevén refuerzos de personal puntuales para dar salida a las distintas convocatorias.
Ha señalado que el Gobierno de Aragón ha valorado hacer una proyección de todas las plazas del personal que se podría jubilar en los próximos años y llevarlas al proceso extraordinario de estabilización, pero esta medida entra en conflicto con la ley autonómica que exige que haya oferta de empleo cada año con la tasa de reposición.
Con estos procesos, anunciados recientemente por el consejero del ramo, Carlos Pérez Anadón, se pretende que "el 80 o 90% serán plazas que se llevará el personal interino". El resto, ha explicado Del Ruste, será "personal de la calle que con notas muy altas obtendrá plazas".
Estas cifras, según los cálculos del departamento, permitirán bajar la temporalidad de forma drástica en la Administración autonómica, llevándola "por debajo del 8%", límite que marca la ley.
Así, ha considerado Del Ruste, "las personas en esa situación de abuso de la temporalidad van a ser muy poquitas", aunque también ha asegurado que para hablar de "abuso de temporalidad es necesario analizar caso por caso".
"Si una persona lleva 15 años trabajando con nosotros y en ese periodo hemos convocado ofertas de empleo seis veces y no se ha presentado a ninguna de las convocatorias, no sé si se puede llamar abuso", ha asegurado. "Hay casos donde verdaderamente se ha producido abuso, pero a mi juicio no son mayoritarios. La mayoría han tenido la posibilidad de utilizar los medios para intentar estabilizarla situación", ha defendido.
Estabilización de plazas
Las convocatorias de estabilización de 2.552 plazas de la plantilla de funcionarios de la Administración General de la DGA, Educación y Sanidad se publicarán este año y se celebrarán antes de terminar 2024. Del Ruste ha apuntado que en Educación se ofertarán 481 plazas para oposición y 321 para concurso, mientras que en Sanidad serán 474 para oposición y 705 para concurso, y en la Administración General serán 264 para oposición y 307 saldrán a concurso.
Además, habrá 1.977 plazas de oferta ordinaria por tasa de reposición entre los tres sectores y, actualmente, están en trámite 3.592 plazas de la Administración General.
El director general ha reconocido que están preparados para que esta propuesta de convocatoria de plazas genere "una cierta litigiosidad" y que "haya alguien que considere que no es la decisión más ajustada a derecho y nos demande". No obstante, ha recalcado que el departamento ha apostado por este modelo al considerar que "es la opción que pensamos que está mejor respaldada jurídicamente".
Los grupos piden medidas concretas frente a la temporalidad
Desde el grupo parlamentario del PP, Ana Cristina Sainz se ha preguntado "por las medidas concretas" que el Gobierno de Aragón va a poner sobre la mesa para reducir la tasa de interinidad, así como por los "medios materiales y personales del Instituto de Administración Pública" para llevarlas a cabo, algo que Del Ruste ha explicado que se logrará con "refuerzos puntuales de personal", y no aumentando la plantilla del instituto.
El diputado de Ciudadanos, José Luis Saz, se ha mostrado preocupado por aquellos trabajadores de la DGA que han sufrido una posición de abuso, "para que vean resuelta su salida a permanecer en la administración" y se ha preguntado por la "fortaleza jurídica" del Gobierno de Aragón respecto a futuras sentencias judiciales.
El parlamentario de Vox, David Arranz, ha denunciado que "llevamos años alimentando la bestia de la temporalidad y ningún Gobierno ha hecho nada para solucionarlo". Ha considerado que este es "un problema estructural" y que "un país donde todos aspiran a ser funcionarios es un país condenado al fracaso; es insostenible".
Desde Izquierda Unida, su portavoz, Álvaro Sanz ha lamentado que el proceso de estabilización "se va a quedar muy corto" y ha preguntado cómo se va a reducir la tasa de temporalidad al 8%, alertando del "incremento potencial de la litigiosidad". También ha criticado que "tres cuartas partes de esta situación la padecen mujeres y esta medida de la DGA no resuelve debidamente el problema".
Desde los grupos que sustentan al cuatripartito (PSOE, Podemos, PAR y CHA), se ha destacado el "esfuerzo" del Ejecutivo en la consolidación de plazas. La diputada del PSOE Beatriz Sánchez ha destacado "el esfuerzo sin precedentes" que el Gobierno de Aragón está haciendo para reducir la temporalidad y ha recordado que con el anterior Gobierno de España de Mariano Rajoy "apenas hubo tasa de reposición y se batieron récords de interinidad".
La parlamentaria Marta de Santos (Podemos) ha reclamado el reconocimiento "del trabajo y la valentía" de la gestión del departamento, y ha destacado "el acuerdo unánime" de los agentes sociales y con los miembros del cuatripartito. Desde CHA, Carmen Martínez ha reconocido "el mérito y capacidad de trabajo" de los empleados que llevan años en situación de interinidad y ha apostado por "mantener la oferta ordinaria" y "no confundir los deseos y anhelos con lo que dice la norma".
En representación del PAR, el diputado Jesús Guerrero ha dicho que hay que "minimizar el impacto de un problema que lleva presente muchos años" y ha felicitado la labor del departamento en una situación "muy compleja".
