La organización de transportistas Tradime Aragón ha interpuesto una reclamación colectiva contra las empresas petroleras Cepsa, Repsol y BP, a las que acusa de «pactar y manipular» el precio de los combustibles en España entre los años 2007 y 2020.
Ese acuerdo entre la grandes empresas, según José Antonio Moliner, responsable de Tradime en la comunidad aragonesa, supuso un incremento artificial de entre 3 y 4 céntimos de euro del litro del gasoil.
«El objetivo de la reclamación es que las petroleras devuelvan a nuestros socios el dinero cobrado de más en todo ese tiempo», explicó Moliner, que subrayó que la reclamación se basa en una sentencia del Tribunal Supremo que recoge una demanda del Tribunal de Defensa de la Competencia. Para ello, los socios de la entidad de transportistas deberán aportar las facturas y comprobantes que reflejan el precio en cada operación de repostaje.
«Es muy difícil saber de cuánto dinero estamos hablando, ya que no todos los camioneros paran a repostar en estaciones de esas compañías petroleras», señaló el presidente de Tradime Aragón.
Plantar cara
«En cualquier caso estamos hablando de mucho dinero si se parte de que un chófer puede gastar 3.000 euros al mes en combustible», precisó Moliner. La situación de precios artificialmente altos, ya antes de la crisis provocada por la guerra en Ucrania, duró 13 años, por lo que la cantidad cobrada de más es muy elevada, argumentó.
Los chóferes aragoneses consideran que las tres compañías contra las que dirigen la reclamación se pusieron de acuerdo «para manipular el precio, tal y como recoge la sentencia de Tribunal Supremo».
José Antonio Moliner manifestó que cree que el proceso judicial no durará más de dos o tres años. «Sea lo que sea, hay que presentar la reclamación, pues si no se planta cara a estas multinacionales seguirán abusando de los consumidores», subrayó.
