Conxa Borrell, creadora y líder del sindicato Otras, que agrupa a mujeres que ejercen la prostitución «voluntariamente», se muestra partidaria de un sistema de contrato de trabajo para las mujeres que ejercen en clubes, «como ya ocurre en Mallorca desde hace 15 años».
«Las hay que se dan de alta como autónomas, pero muy pocas, pues ese paso les produce vergüenza», afirma. En este contexto de desprotección laboral, argumenta, la carencia de contratos las condena a la pobreza y el ostracismo social
«No hemos podido beneficiarnos de los ertes creados a raíz de la pandemia porque no tenemos contrato», denuncia. En cambio, asegura, otros trabajadores de los clubes, desde los camareros a los vigilantes de seguridad, sí que tuvieron derecho a esa red económica que el Gobierno instituyó para paliar los efectos de la crisis del coronavirus.
La pandemia, señala, fue «ruinosa» para los lugares de alterne. «Muchos de ellos no aguantaron la recesión y cerraron sus puertas», relata. «No nos hemos recuperado de ese golpe», lamenta.
Sin embargo, el sindicato Otras se movió rápidamente y creó un sistema de asistencia que facilitó comida y productos de higiene a las compañeras «en función de sus necesidades». Y ello fue así, declara, porque se vieron «abandonadas» por el Gobierno, que no pensó en el colectivo cuando estableció el mecanismo de los expedientes de regulación temporal de empleo (erte). «Esa autoayuda que diseñamos fue fundamental para poder resistir», dice.
"Son soluciones putófobas"
En su opinión, la batería de iniciativas legislativas de carácter abolicionista que prepara el Gobierno central sumirán a las prostitutas y trabajadoras y trabajadores sexuales (como los actores porno o las masajistas) «en una pobreza extrema».
«Nos están abocando a la clandestinidad, se trata de soluciones putófobas», afirma. Desde su punto de vista, que lleva a todos los foros de debate sobre el tratamiento que debe recibir la prostitución, la solución definitiva pasa por la realización de contratos laborales, lo que tendrá como consecuencia la percepción de un sueldo, la aplicación de horarios, la regulación de las bajas por enfermedad u otras causas, las vacaciones pagadas y el pago de impuestos.
«Queremos estar como en cualquier actividad legal, ni más ni menos», remacha Conxa Borrell, que vive en Barcelona y se prodiga en manifestaciones y medios de comunicación para defender los derechos de las prostitutas.
"Nos están llevando a la clandestinidad"
Ella calcula que son 400.000 en toda España y que «muchas de ellas viven en los locales donde trabajan». Y mantiene que en su inmensa mayoría se dedican «de forma voluntaria a la profesión», mientras que la Policía considera que el 90% de ellas actúa en redes de tratas. «Algunas instituciones cifran en un 13% las explotadas sexualmente, pero aun ese porcentaje me parece excesivo», declara la representante de Otras, una entidad que generaría una gran polémica en agosto de 2018 al conseguir que fuera registrado en el BOE.
Conxa Borrell piensa, no obstante, que algunas de las políticas que siguen las instituciones son acertadas, como cuando se hace hincapié en las alternativas para las personas que desean dejar esa forma de vida o los cursos que les facilitan integrarse en entornos laborales distintos.
Otro motivo de descontento en el colectivo es el de la limitación de la publicidad, que de los periódicos se extiende con la ley del sí es sí a las redes sociales. Todos estos cambios, indica la sindicalista, «están arrinconándonos y llevándonos hacia la clandestinidad» y dejándolas inermes en un momento en que la crisis económica las golpea a ellas y a sus clientes.
