Nuevo capítulo en la trama del transporte sanitario urgente en Aragón. El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) suspendió este martes de carácter cautelar el procedimiento de licitación de los nuevos pliegos del servicio de ambulancias por parte del Servicio Aragonés de Salud. Lo hizo tras los ocho recursos presentados por cuatro ayuntamientos (todos del PP) de pueblos de la comunidad, dos empresas y dos sindicatos.
La decisión, de igual modo, suspende el plazo concedido hasta el 24 de junio a los interesados para la presentación de ofertas con las que optar a los pliegos.
Se suspende tras los ocho recursos presentados por cuatro ayuntamientos (todos del PP) de pueblos de la comunidad, dos empresas y dos sindicatos.
El TACPA, que ahora deberá deliberar y tomar una decisión tras estudiar los recursos, ha adoptado la paralización cautelar de los pliegos del transporte sanitario después de que desde el pasado 18 de mayo empezarán a recibirse en el registro del Gobierno de Aragón escritos contra el nuevo contrato propuesto por la DGA.
Según la resolución, a la que ha tenido acceso este diario, ese 18 mayo el alcalde de Maella, Jesús Zenón, presentó, a través del Registro Electrónico del Gobierno de Aragón, un escrito de recurso especial frente al anuncio y los pliegos que rigen la licitación de las ambulancias. Además de su «disconformidad», el alcalde apuntó que la nueva licitación «reduce la prestación del mismo» y alegó también que «los periodos de localización, así como los tiempos de respuesta fijados en los pliegos, son de imposible cumplimiento», según recoge el TACPA.
Ese día y alegando lo mismo, hizo lo propio el alcalde de Aranda de Moncayo, José Javier Jordán. El 20 de mayo fue el turno del alcalde de Brea de Aragón, Raúl García, que repite la misma acción y pide la suspensión de la licitación.
«Nos congratula la decisión de parar un procedimiento lesivo para los aragoneses por no garantizar una asistencia igualitaria y de calidad por estar infradotado económicamente», señalaron desde el sindicato SCS
Por su parte, la Asociación de Empresas de Transporte Sanitario presenta un escrito el 23 de mayo para donde pide anular los nuevos pliegos que ha fijado el Salud. Aduce, en síntesis, la «vulneración» del artículo 192 de la Ley de Contratos del Servicio Público, ya que –según su criterio- «las penalidades previstas en los pliegos exceden de lo que la norma establece».
También ese mismo día presenta su disconformidad la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Transporte Sanitario. Este colectivo, por su parte, alega a la «falta de desglose de los costes de mano de obra», así como la «insuficiencia del presupuesto» en lo que se refiere a varias partidas necesarias para la correcta ejecución del servicio licitado.
Los sindicatos también se suman
El 2 de junio interpone su recurso el alcalde del Ayuntamiento de Illueca, Ignacio Herrero, mientras que el 9 de junio lo hace el portavoz del Sindicato Cooperación Sindical (SCS) como representante legal de los trabajadores de la UTE del Transporte Sanitario Aragón que, actualmente, presta el servicio de transporte sanitario terrestre.
El SCS muestra su malestar por el presupuesto de la licitación, que considera «erróneo e insuficiente» y «no tiene en cuenta los costes laborales y materiales. Del mismo modo y argumentando la misma cuestión, CSIF se suma a esta acción el 16 de junio.
«Nos congratula la decisión de parar un procedimiento lesivo para los aragoneses por no garantizar una asistencia igualitaria y de calidad por estar infradotado económicamente», señalaron este martes fuentes del Sindicato Cooperación Sindical. «Que haya ocho recursos solo demuestra la sinrazón de este contrato», añadieron.
Dada la situación, se prevé que la polémica del transporte sanitario en Aragón continuará. El conflicto viene desde hace meses atrás y ninguna de las partes se ha puesto de acuerdo. A las críticas reiteradas que ha habido hacia la DGA por el pliego, se sumó hace unos meses la impugnación por parte del Ejecutivo al convenio colectivo firmado por el sector. Está pendiente de juicio en el TSJA.
