Los tribunales dirimirán a partir del próximo 23 de noviembre la disputa entre la dirección actual del PAR, con Arturo Aliaga al frente, y los díscolos que denunciaron presuntas irregularidades en la celebración del congreso que revalidó el liderazgo en la formación del actual vicepresidente de Aragón. Ayer se celebró la audiencia previa y el magistrado acordó fijar esta fecha y aceptar la petición de pruebas sobre algunas de las cuestiones puestas en cuestión, como es la validez de la afiliación de 311 personas que los denunciantes aseguraron que se hizo de forma irregular incumpliendo la ley y las normas del partido.
El magistrado pide que se acredite cómo se hicieron los pagos de esas cuotas, si desde cuentas bancarias de esas personas o de otras, y si esos abonos se realizaron como mínimo con tres meses de antelación a la convocatoria del congreso. Un aspecto clave para una votación que acabó con la reelección de Aliaga como presidente de la formación y que se decantó por solo 20 papeletas de diferencia.
Para los denunciantes, supone un avance fundamental que el juzgado haya entendido que se debe acreditar con justificantes "cuándo se hicieron esos pagos, desde dónde y a nombre de quién". Ellos acusaban a la actual dirección del partido de haber inscrito entre los compromisarios con derecho a voto a personas de Zaragoza y, sobre todo, de Teruel incumpliendo los plazos que marcan los estatutos del PAR, que es, como mínimo, tres meses antes de que se convocara el congreso del que salió reelegido Aliaga. Aunque tampoco se ponen de acuerdo entre las partes en la fecha a tener de referencia, ya que unos aseguran que es la de junio de 2021 y otros la de enero de 2020.
Por otra parte, otra de las cuestiones aprobadas por el magistrado este miércoles ha sido la de conformar la lista de más de 20 personas llamadas a testificar en ese juicio. Entre los nombres más destacados está el del senador Clemente Sánchez Garnica, presidente de aquel congreso y miembro de la Ejecutiva del partido; el de Javier Callizo, que era secretario general técnico del Departamento de Industria de la DGA que dirige Aliaga y que fue cesado por este tras su enfrentamiento en el proceso de elección en un congreso del que él formaba parte en la comisión organizadora; y el de Joaquín Serrano, secretario general en el partido y que certificó el censo que cambió la comisión organizadora.
Junto a ellos, otros nombres propios como Ildefonso Salillas, ahora asesor del consejero de Industria; el jefe de gabinete del consejero; o el exalcalde de Calamocha y ahora primer edil de Burbáguena, Joaquín Peribáñez... No se ha solicitado la comparecencia del propio Aliaga, "porque no queremos que se convierta en un circo", aseguraron fuentes de la parte denunciante.
