Aragón quiere reconocer por ley todos los tipos de familias existentes en la comunidad, fomentar la corresponsabilidad, impulsar la natalidad e intentar frenar la despoblación a través de la aprobación de la nueva ley de Apoyo a las Familias en Aragón. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto, que será remitido en breve a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria.

Dado que este será el último curso de la legislatura, y que hay otras leyes a la espera, no está confirmado que su tramitación llegue a tiempo antes de la disolución de las Cortes para la convocatoria electoral, aunque la intención del Gobierno es que sí pueda aprobarse en el vigente mandato.

Tal y como ha explicado la portavoz del Gobierno de Aragón y consejera de Presidencia, Mayte Pérez, el proyecto de ley actualiza la actual Ley 9/2014, adaptándola a las necesidades actuales e incluyendo la pluralidad que conforma la realidad de las familias aragonesas, colocando el acento en aquellas familias que por su configuración o condiciones socioeconómicas precisan de una atención específica.

Entre las novedades que incluye el proyecto de Ley se encuentra la adopción de un modelo de familias propio de la sociedad actual, reflejando y considerando la pluralidad y diversidad existente y reconociendo la transmisión de los principios democráticos de convivencia social.

De esta forma, se introduce el principio de equidad, dirigido al respeto y consideración de las diferentes estructuras familiares independientemente de su tamaño, composición o naturaleza, así como referido a la adopción de medidas positivas para aquellas familias más vulnerables social o económicamente. Del mismo modo, se impulsa la consolidación de un modelo de familia plural, en el que se consideren como requisitos irrenunciables la autonomía y el respeto entre todos sus integrantes.

El texto refuerza la transversalidad de las medidas de apoyo a las familias, con compromisos claros y específicos en las políticas sectoriales del Gobierno de Aragón (medidas educativas, en los servicios sociales, en materia de vivienda, de empleo, servicios sanitarios…). La consejera ha destacado que la aplicación de la ley supone "una mejora económica de 172 millones de euros" dirigidos a políticas de Educación y Servicios Sociales, principalmente.

Impulso a la conciliación corresponsable

Establece la conciliación corresponsable como medida para avanzar hacia la igualdad de oportunidades, asociada a la parentalidad positiva y a las mismas posibilidades para ejercer las responsabilidades parentales. En este aspecto, se potencia la necesaria colaboración de todos los agentes sociales y económicos en esta tarea, destacando los beneficios que produce en el ámbito laboral, familiar y personal.

El Proyecto de Ley aporta medidas que den respuesta a algunos de los retos más importantes que afronta Aragón: la crisis de natalidad y la despoblación. Por ello, coloca al mundo rural como objeto de especial consideración.

Asimismo, contempla los derechos de las familias (sobre todo de aquellas más vulnerables) como subjetivos, sin que queden condicionados a la disponibilidad presupuestaria. De esta forma, establece que la administración pública debe asumir la responsabilidad de apoyo, a la vez que debe reconocer y dar visibilidad a los valores positivos que han propiciado los cambios sociofamiliares, así como las formas de convivencia familiar más igualitarias y democráticas.

También se amplía la participación y representación de la realidad de las familias aragonesas en la planificación de políticas familias a través del Observatorio Aragonés de la Familia.

En definitiva, se trata de un Proyecto de Ley transversal que pone el foco en la diversidad familiar, la territorialidad, en la conciliación corresponsable y en las medidas de apoyo a las familias.