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El Periódico de Aragón

JUICIO EN LA AUDIENCIA DE ZARAGOZA

El presidente de la comarca de Cariñena sienta en el banquillo a un guardia civil y su esposa por coacciones

La fiscal no acusa por considerar que el agente y su mujer no cometieron ningún delito

Los acusados, durante la vista oral. ANDREEA VORNICU

El presidente de la comarca de Cariñena, José Luis Ansón, ha sentado hoy en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Zaragoza al jefe accidental del puesto de la Guardia Civil de Cariñena, D. S. G., y a su esposa, M. J. V. B., a quienes acusa "unilateralmente", sin el apoyo del pleno del ente comarcal, de cometer un delito de prevaricación y otro de coacciones al comienzo del primer confinamiento del coronavirus, a finales de marzo de 2020.

En concreto, les imputa que coaccionaron a tres funcionarias del ente comarcal para que no fueran a trabajar el 30 de marzo de 2020 porque, supuestamente, el acusado iba a realizar ese día una inspección para verificar el cumplimiento de la cambiante normativa sobre trabajo presencial y teletrabajo que se puso en marcha al comienzo de la pandemia de covid-19.

Sin embargo, las propias funcionarias han mantenido, en calidad de testigos, que no fueron objeto de coacciones por parte de los acusados y que en la declaración que prestaron ante la Policía Judicial de la Guardia Civil se sintieron "dirigidas" en sus respuestas.

"Nadie me ha coaccionado para no ir a trabajar", ha señalado una de ellas. Y otra ha dicho que no le gustó "nada" que en la toma de declaraciones uno de los agentes enseñara la pistola "todo el rato". "No me sentía bien tratada", ha dicho otra de ellas en relación con el interrogatorio.

12 años de inhabilitación y dos años de cárcel

Los acusados se enfrentan a 12 años de inhabilitación y a dos años de cárcel, solicitados por el acusador particular Alejandro Aldea, pero no avalados por la fiscalía, que ha solicitado su libre absolución por considerar que no cometieron ningún delito. Su abogado defensor, Marco Antonio Navarro, ha solicitado asimismo su absolución y que se condene en costas a la acusación particular "por actuar con temeridad y mala fe procesal" en el proceso judicial.

Ansón, que es también alcalde de Tosos, fue expulsado del PSOE y estuvo a punto de ser destituido en una moción de censura presentada por su propio partido en marzo de este año. La iniciativa no salió adelante debido a que el presidente de la mesa de edad presentó un informe con oscuras razones de orden legal que impedían la celebración del pleno. En la actualidad, el presidente comarcal se halla inmerso en un mínimo de nueve causas judiciales abiertas a iniciativa suya y relacionadas todas ellas con el personal del ente territorial y de otras administraciones.

D. S. G. ha afirmado que "de ninguna manera" coaccionó a las tres funcionarias, que son además compañeras de trabajo de su esposa. "Ni siquiera hablé con ellas", ha subrayado el imputado, que es cabo primero y entonces se hallaba de jefe provisional del puesto de Cariñena en sustitución del sargento que desempeña el cargo.

El agente ha señalado asimismo que efectivamente se desarrolló una inspección de la sede comarcal y que él estuvo presente, con el fin de comprobar que se cumplían las medidas de seguridad y protección frente al virus. Ha afirmado también que considera que cree que tenía competencias para desarrollar esa labor como parte de una investigación para determinar si existía algún delito contra los derechos de los trabajadores.

El denunciante es un guardia civil retirado

También ha afirmado que es falso, como sostiene la acusación, que hubiera ordenado que se parara a su mujer por la calle para ser identificada, dentro de las medidas anticoronavirus que limitaban la libertad de movimiento. "La patrulla que la identificó a mi esposa actuó de motu proprio", ha asegurado.

La acusada, que es administrativa en la comarca de Cariñena, ha manifestado que "nunca" ha coaccionado a sus compañeras de trabajo. "Desconocía que iba a haber una inspección de la Guardia Civil", ha explicado.

"Soy guardia civil retirado", ha declarado José Luis Ansón al prestar declaración como testigo, que según las partes en el juicio, mantiene "desavenencias" con la esposa del acusado, a la que acusa en otra causa y junto a otra trabajadora de revelación de datos secretos. "Si presenté la denuncia fue porque las funcionarias me relataron que alguien les había metido el miedo en el cuerpo" al decirles que habría una inspección de la Benemérita en su lugar de trabajo.

"La denuncia es una decisión unilateral del presidente"

"No sé por qué se les denunció exactamente a los acusados", ha confesado el vicepresidente de la comarca, Lucio Cucalón, que es candidato al cargo de presidente en la demorada moción de censura. "La denuncia por prevaricación y coacciones es una decisión unilateral del presidente", ha recalcado este miembro del órgano de gobierno de la comarca, que ha insistido en que la denuncia objeto de la vista oral es "una de las muchas acciones judiciales emprendidas" por Ansón.

Por su parte, el agente responsable de la unidad de la Policía Judicial que llevó a cabo la toma de declaraciones, con rango de capitán, ha sostenido que las testigos, que hicieron las manifestaciones en calidad de víctimas, le indicaron que la mujer del acusado "les dijo que si iban a la sede comarcal las iban a denunciar".

"No les dirigí la declaración", ha remachado este miembro de la Benemérita, que ha hablado de que la inspección de la sede comarcal fue de carácter "arbitrario". Y ha indicado que el vicepresidente de la comarca le manifestó que el problema podía derivar de "desavenencias" entre el presidente del ente territorial y la mujer del acusado.

El letrado de la defensa, Marco Antonio Navarro, ha manifestado que solicitará la apertura de acciones judiciales contra el capitán que llevó la investigación por supuestas irregularidades en la instrucción.

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