Una histórica reivindicación en el gremio de las empleadas del hogar se verá cumplida en los próximos meses. La negociación para obtener el derecho a las prestaciones por desempleo, por el que llevan años luchando las asociaciones del sector y los sindicatos, tomará velocidad de crucero durante este mes de julio, según el compromiso adoptado por el Ministerio de Trabajo que lidera Yolanda Díaz.
No obstante, la redacción de la norma todavía está verde, lo que genera algunas dudas entre las más de 10.000 empleadas que se beneficiarán de la medida en Aragón. En el limbo legal quedarán alrededor de otras 3.000: aquellas que se encuentran en situación irregular y componen uno de los rostros más visibles de la explotación laboral.
"Ha sido una noticia muy importante para nosotras, que estábamos a la espera de regular nuestros contratos de trabajo. Era una deuda pendiente, una lucha", apunta Blenda Carolina García, presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza.
Sin embargo, aunque el compromiso de los agentes sociales y del ministerio que preside Yolanda Díaz parece patente, las dudas permanecen sobre el tablero de juego. "Estamos pendientes de ver cómo se va a transformar el compromiso: si en un decreto, en una ley o en una norma. Queremos una igualdad con el resto de trabajadores, no un régimen especial como en el que estábamos hasta ahora. No tenemos claro desde cuándo vamos a poder cobrar, si será con carácter retroactivo o desde cuándo deberíamos haber estado dadas de alta en la Seguridad Social", manifiesta García.
La pugna de las empleadas del hogar ha sido ardua desde la crisis financiera de 2008. Fue a partir de 2011 cuando los miembros de este sector, compuesto de forma mayoritaria por mujeres migrantes, comenzaron a organizarse y a alzar la voz. Coincidió aquello con la aprobación del convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que data del año 2011 también. Pero desde entonces permanece una pesada contradicción: las trabajadoras pueden cotizar a la Seguridad Social, pero no acceder al paro.
Mucho trabajo por hacer
Las reclamaciones de las empleadas del hogar por la equiparación de sus derechos no se queda en la prestación por desempleo, aunque la norma no está ni redactada. "Este es un paso importante, pero queda trabajo. No tenemos reguladas las condiciones de los trabajadores internos. Por ejemplo, se les hacen contratos por 8 horas pero la realidad es que están internas. Es un trabajo que consideramos como esclavitud, porque no se respetan los descansos ni se puede tener vida propia", denuncia presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar y Cuidados de Zaragoza.
Es conocido el hecho de que el empleo doméstico es el que acapara la explotación laboral en Aragón. Así lo atestiguan los últimos informes del sindicato UGT en Aragón; en el último, publicado en octubre de 2021, se hablaba de cerca de 3.000 personas víctimas del trabajo forzoso en la comunidad. La mayoría eran mujeres latinoamericanas y empleadas del hogar.
De hecho, la situación irregular en la que vive cerca de un 30% de estas trabajadoras, según un informe de la OIT del año 2018, profundiza en esa explotación laboral. "La misma ley te exige que estés tres años viviendo de forma irregular para regularizar tu documentación, pero para vivir una persona debe trabajar. La Ley de Extranjería obliga a la economía sumergida, lo que deja a las empleadas del hogar sujetas a cualquier abuso", denuncia Blenda Carolina García.
De hecho, la presidenta del colectivo en Zaragoza asegura que algunas de sus compañeras soportan "cosas extremas" durante esos tres años para lograr unos papeles que legalicen su situación. "Y una vez llegan a los 3 años, sus empleadores las despiden por no hacer un contrato legal y pagar a la Seguridad Social", asevera.
De igual modo, otra de las reclamaciones del gremio del servicio doméstico versa sobre la actualización de las subidas salariales con las cotizaciones a la Seguridad Social, algo que muchos empleadores no llevan a cabo para ahorrarse algo en los pagos. "Somos conscientes de que algunas familias con dependientes no pueden asumir los incrementos salariales. Por eso pedimos a los ministerios a los que les corresponda dar bonificaciones a las familias que no pudieran asumir el pago de una trabajadora en condiciones dignas", concluye la presidenta del gremio del servicio doméstico en Zaragoza.
