Los responsables de Hacienda del Gobierno de Aragón ya se han puesto a trabajar en busca de la mejor fórmula para poder hacer frente al pago de los 33,5 millones de euros que debe abonar al Ayuntamiento de Zaragoza por la construcción del tranvía en la capital aragonesa, aunque ayer mismo admitió su presidente, Javier Lambán, que el asunto es peliaguado debido al estado de las cuentas en que se encuentra la comunidad, acuciada como otros por la crisis del covid y los perjuicios de la guerra en Ucrania.
Eso sí, el jefe del Ejecutivo anunció que acatan la sentencia y tratarán de liquidar ese déficit cuanto antes, aunque sin anunciar el momento ni el presupuesto del que saldrá, que podría ser el del próximo año si no fuese por que el tiempo apremia.
La DGA fue sentenciada por el Tribunal Supremo a pagar los 24 millones que le faltaban de pagar por el tranvía en su construcción con Zaragoza, que se han convertido con los años en más de 33 por los intereses tras desestimarse el lunes el recurso en casación solicitado por el Gobierno de Aragón. "Lo pagaremos lo antes posible. Lo tendremos que sacar de los Presupuestos de la comunidad, aunque esto no estaba previsto en los vigentes. Pero es una sentencia judicial y hay que cumplirla".
Está previsto que distintos departamentos del Gobierno de Aragón mantengan esta semana un encuentro para tratar de dar con la solución y recabar los fondos que permitan abonar la deuda. Para ello habrá que ver cuál es la disposición de recursos por parte de la DGA y los plazos de cumplimiento del fallo del TSJA.
La sentencia supone un contratiempo para el Ejecutivo de Lambán que ya ha tenido que echar mano del fondo de contingencia (algo más de 30 millones de euros) en los últimos meses para hacer frente a circunstancias extraordinarias como el abono de ayudas para las riadas y la reparación del puente de Gelsa, entre otros.
Lambán, no obstante, quiso encuadrar la sentencia en el momento y con los protagonistas que comenzó hace casi 10 años, «para que se entienda su significado real». Así, recordó que esto proviene "de un antiguo convenio entre el ayuntamiento y el Gobierno de Aragón que mi antecesora (Luisa Fernanda Rudi) dejó de pagar".
El anterior equipo de Gobierno en Zaragoza (ZeC), prosiguió el presidente, "planteó un recurso a los tribunales exigiendo más dinero y nosotros lo elevamos al Supremo porque pensamos que esta cantidad que se nos pide no la deberíamos pagar, algo que seguimos pensando. Pero somos respetuosos con la ley y, por tanto, el ayuntamiento recibirá el dinero correspondiente".
El anterior ayuntamiento (ZeC), prosiguió el presidente, “planteó un recurso a los tribunales exigiendo más dinero y nosotros lo elevamos al Supremo porque pensamos que esta cantidad que se nos pide no la deberíamos pagar, algo que seguimos pensando. Pero somos respetuosos con la ley y, por tanto, el ayuntamiento recibirá el dinero correspondiente”.
¿De dónde lo sacará el Gobierno de Aragón? "De las cuentas de este año o el siguiente. No puedo precisar técnicamente cómo lo podemos resolver. Los presupuestos están muy comprometidos y no conozco los plazos, pero la sentencia se cumplirá de manera rigurosa", aseguró el presidente.
2.000 euros más al día
No le va a quedar más remedio al Gobierno de Lambán que acelerar los plazos. Según le recordó el alcalde de Zaragoza y líder de los populares en la comunidad, Jorge Azcón, cada día que pasa se incrementa la cantidad que el Gobierno de Aragón deberá pagar. Todavía falta que el Supremo comunique el fallo de forma oficial al TSJA. El tribunal aragonés deberá entonces notificar a las partes y fijar un plazo para el cumplimiento de la decisión judicial.
"Lambán ya ha dicho que acatarán la sentencia y estoy convencido de que querrán cumplirla en el menor tiempo posible. Si no, tendrán que pagar más intereses de demora. Fue Zaragoza la que adelantó el dinero hace unos años y ahora el Gobierno de Aragón lo que tiene que hacer es pagar cuanto antes", dijo el regidor. Cada día que pasa desde noviembre de 2020, cuando el TSJA se pronunció sobre el asunto, se suman 2.000 euros a la cantidad que deberá abonar el Ejecutivo autonómico al consistorio. El tiempo corre y los números siguen aumentando.
Sobre el plan de pagos que Azcón le ofreció a Lambán con la sentencia de noviembre de 2020 y que la DGA recurrió al Supremo, el alcalde señaló que siempre está "dispuesto a dialogar y a hablar", pero ahora el ayuntamiento tiene al Gobierno autonómico contra la pared. "Ahora hay una sentencia que nos da la razón. Conociéndola, ofrecimos un plan de pagos y se rechazó. Si lo hubieran aceptado, se habrían ahorrado miles de euros", explicó el regidor.
Así que esta vez, cuando el TSJA establezca los plazos, al Gobierno de Aragón no le quedará más que abonar la abultada suma. Y el consistorio no puede rechazar el cobro de los intereses de demora, por lo que por mucha negociación que haya entre las partes, el montante seguirá creciendo hasta que no se ingrese en las arcas de la plaza del Pilar. "Tendrán que hacer una modificación presupuestaria", propuso Azcón.
Según fuentes municipales, el dinero, una vez llegue, no será para gastarlo en lo que se quiera. Servirá para tapar el agujero contable que se generó cuando el ayuntamiento adelantó la misma cantidad, si bien al terminar el ejercicio esos millones pasarán al remanente, que podrá usarse al año siguiente o destinarse a amortizar deuda.
Eso sí, comprensivo se ha mostrado el alcalde con la dificultad que supone para el Gobierno de Aragón disponer de un día para otro con tantos millones de euros. "Es complicado saber cuándo llegará el dinero. Habrá que esperar y ser prudentes", afirmó Azcón.
No obstante, según explicaron fuentes municipales, el dinero, una vez que llegue, no estará disponible para gastarlo en lo que se quiera. El dinero servirá para tapar el agujero contable que se generó cuando el ayuntamiento adelantó la misma cantidad, si bien al terminar el ejercicio esos millones pasarán al remanente, que podrá usarse al año siguiente o destinarse a amortizar deuda.
