Se avecina un otoño gris oscuro para parte del tejido productivo aragonés. Con el fin de la moratoria concursal el pasado 1 de julio, todas las empresas en situación de insolvencia se verán abocadas al concurso de acreedores o a la quiebra tras más de dos años viviendo entre la respiración asistida y la agonía. Los expertos vaticinan que en septiembre disparará la morosidad, aunque no a los niveles que cabría esperar tras un bienio de impasse en el que no ha habido apenas concursos. Hablan los doctos en la cuestión de un proceso "lógico" tras un periodo de cifras enmascaradas, pero también de una dura realidad que afectará en su mayoría a pequeñas y medianas empresas.

De hecho, los economistas hablan de un verdadero aluvión de quiebras que comenzará tras el verano, dada la baja actividad del verano. "Cada una a su nivel, las pymes y las macroempresas se verán afectadas. Los meses han ido pasando de forma ficticia, porque muchas entidades ya deberían haber entrado en concurso de acreedores y no lo hicieron cuando debían", revela Ignasi Figueras Nadal, economista forense adscrito a la consultora FTI & Partners.

Lo cierto es que nadie se aventura a dar una cifra, una estimación, un porcentaje de cuántas empresas aragonesas podrían verse en la quiebra. El último pronóstico del Banco de España, publicado hace un par de meses, pronosticaba que en España se presentarían a concurso de acreedores unas 50.000 empresas cuando finara la moratoria.

Tras dos años de balones de oxígeno al tejido empresarial, la situación vuelve a parecerse a la prepandémica. Ahora toca devolver los créditos, regresar a unos tipos de interés que ya no serán reducidos y operar en un mercado inflacionista. "Será difícil para las empresas devolver los avales. Nadie esperaba que la moratoria se alargase tanto y las empresas han aguantado con respiración asistida. En cuanto los tipos de interés suban medio punto, algo que esperamos para final de año, muchas entidades no resistirán", asume Figueras.

Avalancha, pero controlada

No obstante, hay expertos que opinan que la avalancha de quiebras que se podría prever no será tan devastadora. Carlos Terreu, experto en materia concursal del Colegio de Economistas de Aragón, defiende que un buen número de empresas ha optado por otro camino distinto al concursal: "Muchas pequeñas empresas ya han cerrado de forma desordenada y sin presentar concursos de acreedores. Habrá otras que pasarán directamente a concursos exprés, porque ya no tienen hay activos. Es lógico que haya un incremento en los próximos meses, pero quizás no sea tan potente". La realidad es que en el primer trimestre del año entraron en concurso de acreedores en Aragón menos de 60 entidades. "Es una cifra baja por la moratoria, eso está claro", explica Terreu.

La conveniencia de la moratoria concursal es un punto de divergencias para los entendidos en la materia. Nadie niega que para algunas empresas fue capital para sanear sus cuentas y buscar nuevas formas de viabilidad. Sin embargo, en algunos casos podría darse un golpe de efecto y que la medida se volviera en contra del empresario. Según apunta Figueras, la sección sexta del código que rige los concursos de acreedores divide a los afectados entre culpables y fortuitos. En los casos en los que un empresario hubiera agravado su situación de insolvencia y su deuda se hubiese acrecentado, los juzgados podrían declararle culpable y exigirle responsabilidades. 

LA NUEVA LEY CONCURSAL GENERA DUDAS

Se negocia estos días entre los grupos parlamentarios en Madrid la reforma de la ley concursal. En un principio, la modificación se concibe como una solución a la hora de afrontar la gran cantidad de concursos que se presenten, especialmente tras el fin de la moratoria aprobada por el Gobierno central como una de las medidas anticrisis por la pandemia.

Una de las claves de esta reforma reside en el cambio de la legislación de los procesos concursales con el objetivo de agilizar los mismos, tratando de obtener opciones de detección temprana de las dificultades y reduciendo la intervención del aparato judicial.

De hecho, uno de los cambios más significativos consiste en que lo antes conocido como refinanciaciones empresariales ahora pasará a ser reestructuraciones, lo que a priori debería democratizar el acceso a un mayor volumen de créditos a las pequeñas y medianas empresas. No obstante, algunos economistas dudan de que los entidades bancarias se arriesguen a esa financiación. «La banca no va a estar por la labor de acuerdos de reestructuración de Pymes. Y si fuera así exigirán garantías. Los empresarios ya avalan con sus naves e incluso con sus domicilios particulares. ¿Qué les queda ahora para avalar?», se pregunta Ignacio Figueras, economista de FTI & Partners.

«Con la nueva Ley Concursal se priman las soluciones anticipadas y los concursos rápidos, en empresas pequeñas que se pretenden sean gestionados por los propios administradores sociales. Aunque esta reforma sea una manera de agilizar procesos y evitar un colapso judicial, a su vez causará una gestión menos eficaz de los mismos, perjudicando de esta forma la recuperación de valores de activos para atender las deudas concursales», explica Luis Martín.

De momento, la ley aún debe pasar por el Senado antes de ser aprobada. De momento cuenta ya con más de 600 enmiendas.