El PP ha reclamado este martes al Gobierno de Aragón que suspenda la aplicación del Impuesto Medioambiental sobre las Aguas Residuales (IMAR) --el sustituto del ICA-- ante la situación económica actual y "lo injusto de la naturaleza del impuesto y de sus cuantías", y que siga así el ejemplo de la Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE.

Una petición de la que ha informado el portavoz del PP de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente en las Cortes, Ramón Celma, quien ha concretado que la suspensión sería sobre el periodo de facturación de 2022. Y en los municipios en los que se gira con un año de retraso, como en Zaragoza, también en la de 2021. Además, su grupo insta al Gobierno de Aragón a analizar la situación económica de la comunidad al comienzo del siguiente año para evaluar si esta suspensión debe extenderse en los siguientes periodos de facturación.

Además, el PP Aragón reclama que, una vez levantada la suspensión, las cuantías de este impuesto se ajusten a la media prevista de los tributos de esta naturaleza en otras comunidades, ya que tanto en su tramo fijo como en el variable sigue estando por encima de la media del resto de autonomías.

Celma ha incidido en que la situación es muy preocupante por la inflación, al 10,2 %, y el alza de precios de bienes de primera necesidad. A su juicio exige de las administraciones una rebaja de la presión fiscal, y se ha referido concretamente a los especiales relacionados con el medio ambiente.

Según Celma, la sociedad aragonesa, comparada con el resto de España, es de las más castigadas tributariamente, ya que a los "gravosos" impuestos estatales, en algunos casos en los tramos más altos en la parte que corresponde a Aragón, como Sucesiones y Donaciones y el IRPF, se suman multitud de impuestos especiales autonómicos.

Ha incidido, además, en impuestos que encarecen productos de primera necesidad implantados por el Gobierno central, como el aumento del IVA de las bebidas azucaradas del 10% al 21%, el relativo a los envases de plástico de un solo uso y otro que gravará la incineración y el depósito de residuos al vertedero, lo que ha elevado en los primeros cinco meses del año en 15.500 millones de euros la recaudación a familias y empresas en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Competitividad fiscal

Celma ha insisto en que la presión fiscal autonómica "no es menor" y se ha referido a un informe anual de la Fundación para el Avance de la Libertad, que cuantifica el índice autonómico de competitividad fiscal. Aragón se sitúa en el decimoséptimo lugar, solo por detrás de Asturias y de Cataluña, y entre sus recomendaciones plantea pasar de 5 a 3 los impuestos propios autonómicos de carácter especial vinculados con el medio ambiente para que la comunidad sea competitiva en el ámbito nacional.

En este contexto, el PP insta al Gobierno de Aragón a suspender la aplicación del IMAR, aprobado el pasado diciembre, ya que en muchos casos supone un aumento de la presión fiscal para los aragoneses al señalar que su objetivo no debe ser recaudar, sino la protección medioambiental, en una situación económica como la actual "no tiene sentido seguir manteniéndolo", por lo que ha reiterado al Gobierno de Aragón que siga el ejemplo de la Comunidad Valenciana. "No caben excusas", ha concluido.