El Grupo 9 de Universidades (G-9), asociación formada por las universidades públicas españolas que son únicas en sus comunidades, como es el caso de la Universidad de Zaragoza, se hace eco del manifiesto recogido por los representantes de las 60 universidades españolas participantes en las Jornadas de Servicios Universitarios de Empleo, celebradas en la Universidad de Málaga.

El G-9 quiere mostrar su "malestar y preocupación" por la falta de interlocución con el Ministerio de Trabajo y Economía Social en el desarrollo del marco normativo que regulará las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios esto es, el Estatuto de las personas en formación práctica en el ámbito de la empresa o Estatuto del becario.

Critican la "sucesión de borradores filtrados" en los que se cuenta la existencia de las negociaciones con diferentes agentes sociales con el objeto de acordar, en el marco del diálogo social, un proyecto de texto normativo; así como la publicación en los medios de comunicación de las distintas reuniones mantenidas entre los responsables del Ministerio y diferentes organizaciones estudiantiles, entre otras. Sin embargo, afirman que "en ningún momento se ha contado con el conocimiento y la experiencia de las universidades en la promoción y la gestión de las prácticas académicas externas que se establecen en los diferentes planes de estudio".

Es por eso que señalan que esta norma que debe regular las prácticas de los estudiantes universitarias no debe realizarse "únicamente en el seno del diálogo social, cuando se trata de un asunto de naturaleza académica formativa de grado y postgrado y, por tanto, competencia nuclear del Ministerio de Universidades".

Crue Universidades Españolas, señalan, se ha ofrecido repetidamente a tratar y aportar las experiencias acumuladas en este tema con el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Sin embargo, ven con preocupación que "los trabajos en el seno de la mesa de diálogo avanzan" y nadie se ha puesto en contacto con ellos.

La realización de prácticas externas, dicen, ha conseguido una modernización importante y una apuesta clave por la mejora de la formación y de la empleabilidad del estudiantado y por eso afirman que la universidad es "la primera interesada en que sus egresados y egresadas cuenten con ofertas de trabajo dignas y acordes a su nivel competencial"; pero las prácticas externas tienen un carácter exclusivamente formativo y no implican en ningún caso una relación laboral, consideran. El proporcionar estas actividades formativas supone una garantía de que el estudiantado tenga el perfil de egreso adecuado para su posterior inserción laboral a la vez que impulsa esa tan necesaria interrelación de la universidad con el tejido empresarial y social.