Zaragoza pagó en 2020 más de 102 millones en facturas sin contrato en vigor

La Cámara de Cuentas de Aragón dio ayer luz verde a su informe de fiscalización sobre la contratación del Ayuntamiento de Zaragoza de 2020, en el que concluía que en 2020, el consistorio adjudicó 366 contratos por importe de 52 millones de euros pero sobre todo evidenciaba el número significativo de contratos ya caducados, 145, vinculados en su mayoría a servicios que acababan pagándose con convalidaciones de gasto que supusieron más de 102 millones de euros. Aunque el plan de choque puesto en marcha por el consistorio ese año ha servido para reducirlos y hoy el 86% de esos contratos ya estén regularizados.

Respondía así la responsable de Hacienda, María Navarro, a las conclusiones del organismo de fiscalización que gran parte de esos 102 millones de euros en convalidaciones de gasto ya no se dan porque, sobre todo, se han descontado ya los pagos a dos contratas como las de limpieza viaria y el mantenimiento de parques y jardines, que representaban 45,19% y el 6,19% de esa cuantía y que hoy ya están adjudicados. De hecho, remarcó que el 97,24% de esos reconocimientos de obligación (pagos sin tener contrato en vigor), son de servicios que ahora en 2022 ya están en licitación o adjudicados, tal y como reconoce la Cámara de Cuentas también.

El resto, apostilló Navarro, o está pendiente de adjudicación o se ha sacado a licitación. Y es esta regularización, según explicó, obedece al plan de choque 2019-2022 con el que el consistorio planteó reducir, precisamente, esos contratos caducados que aún hoy, en el actual ejercicio, representan «más de 37 millones» en convalidaciones de gasto aunque todos esos contratos ya están en licitación. Y confió en que en 2023 se reducirá «casi en su totalidad».

Aunque la Cámara también destaca que en septiembre de 2021 el 74% de los nuevos contratos que preveía el plan de choque municipal seguía sin adjudicarse, o que la recomendación de reducir a solo siete meses la tramitación es un plazo que ya se gasta solo en preparar los pliegos.

La lectura que se hace de ese dato desde la oposición es radicalmente distinta. En el grupo municipal del PSOE, la portavoz Lola Ranera aseguró que estas cifras evidencian que el Gobierno PP-Cs "ha perdido el rumbo de la contratación", ya que en 2014 estas facturas con cargo a servicios sin contrato en vigor rondaban los 30 millones de euros, con el mandato de Zaragoza en Común (ZeC) se elevó a 53,5 millones, y en 2020, solo seis años después, se disparaban estas facturas "a dedo y sin contrato" a esos 102,5 millones que "representan un tercio del gasto corriente ordinario" sobre un presupuesto de más de 800 millones de euros.

Dudas en un contrato covid

Respecto a los contratos de emergencia realizados por el covid, 65 por importe de 3,6 millones, casi el 7% del total contratado, la Cámara expone que más de la mitad de estos contratos se utilizó para adquirir material higiénico y de protección, como mascarillas, material de laboratorio, mamparas protectoras; así como bienes informáticos, como licencias de software y ordenadores portátiles, entre otros. De la muestra de 20 contratos analizada, se desprende que, con carácter general, el Ayuntamiento de Zaragoza gestionó la contratación de emergencia de acuerdo con la normativa.

Pero se aprecian algunos incumplimientos, entre ellos que dos de los contratos tramitados por emergencia, por un importe total de 246.480 euros, no cumplían los requisitos que justifican la utilización de este procedimiento, que en uno de los contratos revisados no se acreditó la recepción de la mercancía o el servicio y que ninguno de los contratos de emergencia se publicó en la Plataforma de Rendición de Cuentas de Entidades Locales, aunque sí en la Plataforma de Contratos del Sector Público.

Suspensiones de contratos

En el contexto de la pandemia también se sitúan las suspensiones de aquellos contratos cuyas prestaciones no pudieron ejecutarse debido al impacto de la crisis sanitaria, como la limpieza de colegios, pabellones polideportivos y otras dependencias municipales que hubo que cerrar. De todas las prestaciones suspendidas, al menos 16 se corresponden con servicios prestados sin cobertura contractual.

La Cámara de Cuentas señala que el pago de estas indemnizaciones, por importe de 3 millones de euros, se tramitó de manera indebida por un procedimiento ordinario, como si derivasen de contratos en vigor, debiendo haberse tramitado por el procedimiento extraordinario de reconocimiento extrajudicial de crédito.

Estos son algunos de los aspectos más relevantes de un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón sobre la contratación del Ayuntamiento de Zaragoza en el ejercicio 2020 en el que, entre otros aspectos, analiza el proceso interno de contratación y el cumplimiento de la legalidad de la actividad contractual, en particular, de la llevada a cabo para hacer frente al impacto ocasionado por el covid-19.

En 2020, el Ayuntamiento de Zaragoza adjudicó 366 contratos por importe de 52 millones de euros: 68, tramitados de manera ordinaria por un importe de adjudicación de 45,4 millones de euros; 65 contratos de emergencia para atender las necesidades del COVID-19, adjudicados por 3,6 millones de euros, y 233 contratos menores, por un importe de 3 millones de euros.

El informe refleja que el Ayuntamiento de Zaragoza mantiene en ejecución un número significativo de contratos una vez agotada su vigencia sin que esta operativa tenga cobertura en las normas de contratación pública. En el ejercicio 2020 se encontraban en esta situación 145 contratos, en su mayoría para la prestación de servicios. Por áreas, destaca el número de contratos vencidos en Acción Social (55) y en Servicios Públicos y Movilidad (23). El gasto total reconocido en 2020 por el pago de estas prestaciones fue de 109 millones de euros, según el cálculo de la Cámara de Cuentas.

De la muestra de 72 contratos vencidos revisada por la Cámara de Cuentas, se desprenden, entre otros incumplimientos, que en ninguno de ellos se daban las condiciones para alargar su vigencia una vez finalizada, y que, en 13 de ellos, se aprobaron órdenes de continuidad para mantener la prestación, algunas de las cuales, sirvieron, a su vez, para modificar características esenciales del contrato, como son el objeto y el precio.

Reducir tramitación

Con el fin de normalizar la situación de las prestaciones que se ejecutan sin la cobertura de un contrato en vigor, la Cámara de Cuentas recomienda la urgente licitación y adjudicación de los contratos. Igualmente, para corregir otros incumplimientos de la normativa sobre contratación señalados en el Informe, se recomienda reforzar los sistemas de control interno de la contratación, revisar la coordinación de los centros gestores con el área de contratación y dotar a estos servicios con personal formado en la materia.

Otra recomendación incluida en el Informe insta a mejorar y completar la publicidad de la actividad contractual en la Plataforma de Rendición de Cuentas de Entidades Locales, en especial la referida a los reconocimientos extrajudiciales de crédito. La suma del gasto de estos expedientes no comunicados asciende a 89 millones de euros.

Contratos menores

Por último, el informe revisa la contratación menor del Ayuntamiento de Zaragoza, que representó el 7% del total adjudicado en el año 2020 (233 contratos menores, por un importe de adjudicación de 3 millones de euros). Tanto por el número de contratos tramitados, como por el importe de adjudicación, el área de Servicios Públicos y Movilidad fue la que más recurrió al contrato menor, 52 en total, por importe de adjudicación de 743.000 euros.

Algunos de los incumplimientos de la normativa advertidos por la Cámara de Cuentas tras analizar una muestra de 50 contratos menores son, entre otros, la posible existencia de fraccionamiento en el objeto en un contrato para el suministro de material de oficina, así como la existencia de cuatro contratos menores con el mismo objeto, que se suceden año tras año, y que deberían licitarse con un contrato que cubra la necesidad y gasto total.

El informe, que ya ha sido remitido al Ayuntamiento y a las Cortes de Aragón, concluye con seis recomendaciones para contribuir a mejorar la gestión pública.