El parón de la actividad económica y social que supuso, especialmente, el primer año de la pandemia de coronavirus se refleja con claridad en los ingresos que percibieron todas las entidades locales de Aragón.
Con parones productivos, ertes, confinamientos, la hostelería y el ocio cerrados a cal y canto durante meses, y con un freno total al turismo, las entidades locales de Aragón ingresaron en total 2.032 millones de euros, un 3,37% (68,4 millones) menos que en 2019, tal y como refleja el Informe general del sector público local aragonés del ejercicio 2020 hecho público ayer por la Cámara de Cuentas de Aragón.
Mientras, el capítulo de gastos en el sector local casi se mantuvo estable, con 1.979 millones de euros entre todos los ayuntamientos, comarcas, diputaciones provinciales y entidades menores. Tan solo un 0,14% menos de lo que estas mismas instituciones gastaron en el ejercicio previo, antes de que estallara la pandemia. A rasgos generales, destaca el órgano fiscalizador, el 68% del gasto ejecutado se corresponde con personal y bienes y servicios corrientes.
La Cámara de Cuentas de Aragón desgrana en un informe de más de 168 páginas en su primer tomo, y de 2.000 en el segundo, el detalle de todas las cuentas de los distintos ayuntamientos, comarcas y provincias aragonesas para el ejercicio que marcó el inicio de la pandemia y la crisis económica que la sucedió.
En total, el análisis llega a 992 entidades del sector público de Aragón, contando también las fundaciones y entidades dependientes. A 31 de diciembre de 2021, el 93% de las entidades locales de Aragón habían rendido su cuenta de 2020 a la Cámara y solo el 7% de las entidades, principalmente entidades locales menores y mancomunidades, tenía pendiente su presentación.
Menor recaudación de impuestos
La merma de ingresos de las entidades locales se explica, principalmente, por la menor recaudación de impuestos dado el parón de actividad que supuso la pandemia.
Según los mismos datos del organismo fiscalizador, las entidades locales ingresaron 22 millones menos por el impuesto de plusvalía, 17 menos por el impuesto de construcciones, 11,9 menos en las tasas y precios públicos y casi 9 millones menos por las entradas a servicios públicos deportivos o a museos.
Gasto por habitante
El informe de la Cámara de Cuentas refleja que el gasto medio anual por habitante en 2020 se situó en 569 euros, mientras que esta cifra se multiplica por cinco en los municipios más pequeños, de menos de 100 vecinos. En concreto, en este caso, el gasto medio por habitante asciende a 2.961 euros. Una cifra que se explica por el coste fijo de los servicios que es muy similar para pueblos de pocos habitantes y de varios centenares.
La Cámara observa que el menor gasto por habitante se realiza en los ayuntamientos de 10.001 a 100.000 habitantes, mientras que en los de menos de 10.000 habitantes el gasto aumenta conforme disminuye la población. En las entidades supramunicipales, las diputaciones provinciales y comarcas tienen un gasto por habitante similar, y el de las mancomunidades destaca por ser muy reducido en comparación con el resto.
El endeudamiento medio por habitante se situó hace dos años en 429 euros. El informe destaca por el elevado nivel de endeudamiento al Ayuntamiento de Zaragoza con 1.434,83 euros por habitantes en 2020, una cifra que el Gobierno de PP-Cs ha reducido en los años posteriores, pese a que Zaragoza sigue siendo la ciudad que atesora la mayor deuda por habitante de España de todas las grandes capitales. Por el contrario, los niveles de endeudamiento más bajos se registran en las mancomunidades y en las comarcas, con ratios de 39,22 y 34,34 euros respectivamente.
El análisis de las cuentas generales de las entidades locales reflejan que las entidades que más han reducido su gasto respecto al ejercicio 2019 son el Ayuntamiento de La Muela (más de 8 millones de euros), la Diputación Provincial de Teruel (7,3 millones) y el Ayuntamiento de Teruel (4,2 millones).
Por el contrario, las entidades que más incrementaron su gasto en 2020 fueron el Ayuntamiento de Zaragoza (en 72 millones de euros), la Diputación Provincial de Huesca (5,2 millones) y el Ayuntamiento de Sallent de Gállego (4,8 millones).
La Cámara de Cuentas confirma que la mayoría de las entidades locales no aprueban su presupuesto en tiempo y forma, a 1 de enero.En 2020 solo lo hicieron el 33% del total, lo que motiva una de las recomendaciones del órgano fiscalizador para los entes locales. En términos de ejecución presupuestaria, destaca el peso del Ayuntamiento de Zaragoza, con un gasto de 832 millones de euros, el 53% de todos los municipios aragoneses.
23,5 millones en contratos sin el visto bueno del interventor
Tan solo 67 entidades locales de las más de 900 analizadas en el informe compartieron con la Cámara de Cuentas los acuerdos que aprobaron pese a los reparos planteados por el interventor. En total, la cifra de acuerdos a los que se dio luz verde por parte de los plenos municipales, comarcales o provinciales, o por orden del presidente o alcalde, pese a la opinión contraria de la intervención de la institución asciende a 867 y movió 23,5 millones de euros en todo el ejercicio.
Según reza el informe de la Cámara de Cuentas sobre 2020, en relación con la información sobre el control interno que realizan los interventores, «67 entidades locales comunicaron un total de 867 acuerdos contrarios a los reparos del órgano de intervención, por importe de 23,5 millones de euros, en su mayoría, referidos a la tramitación de contratos».
La principal modalidad de gasto sobre la que se adoptan acuerdos que son contrarios a los reparos de la Intervención es la relativa a la contratación (60%), seguida del gasto de personal (18%). Estas resoluciones y acuerdos contrarios a los reparos son aprobados por el presidente de la corporación en un 88% de los casos y por el pleno en el 12% restante.
En concreto, señala el informe, el 89% de las causas de reparo se referían a la omisión de requisitos o trámites esenciales que podrían dar lugar a la nulidad de los actos. Los ayuntamientos de tamaño mediano (con una población entre 1.001 y 10.000 habitantes) son los que mayor número de acuerdos contrarios al reparo del interventor adoptaron.
También al ámbito de la contratación se refieren la mayoría de los acuerdos adoptados por las entidades locales con omisión del trámite de fiscalización previa, en concreto, el 93% del total de los acuerdos comunicados, por importe de 40 millones de euros.
Por otro lado, el órgano fiscalizador denuncia el alto nivel de interinidad de los profesionales de intervención. El 52% de los profesionales son interinos, una cifra que sube al 59% en las localidades de entre 100 y 500 habitantes y se dispara al 72% en las de menos de 100 vecinos.
