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El Periódico de Aragón

EL PLAN DE AHORRO

Aragón no dispone de personal ni de fondos para cumplir la vigilancia energética

"Cada norma, si exige un incremento de presupuesto, tiene que ir acompañada de la consiguiente consignación para llevarla a cabo y eso es lo que no está claro”, dice Mayte Pérez

Mayte Pérez y Luis Zubieta, en la firma del convenio del Gobierno de Aragón con la FAMCP.

El Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización, que entrará en vigor la próxima semana y prevé, entre otras medidas, el ajuste de los termostatos en edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, estaciones de tren y autobuses o aeropuertos, entre otros lugares, ha generado conflicto y dudas en las distintas comunidades autónomas.

Unas, sobre todo las del PP, se han revuelto y hasta insubordinado. Otras, las más como Aragón, se preguntan cómo van a pagar esa vigilancia que, según el decreto ley, corresponde a las comunidades, que se han encontrado con la obligación de llevar el control de las medidas pero sin el personal ni el modo de financiarlo.

"Cada norma, si exige un incremento de presupuesto, tiene que ir acompañada de la consiguiente consignación para llevarlo a cabo y eso es lo que no está claro”, ha admitido este jueves Mayte Pérez, la consejera de Presidencia de Aragón, que ha querido ser muy prudente en su análisis pese a resultar evidente que debería ser el Gobierno de Sánchez el que dotara a las comunidades para llevar a cabo las tareas de vigilancia de este plan de choque.

La realidad en el Pignatelli es que unos miran a Economía y otros a los inspectores de Industria. E incluso hay quien señala un poco más allá, a las fuerzas de seguridad. Pero nadie sabe cómo afrontar lo que la oposición popular califica de ocurrencia y lo que, en general, se lee como falta de estrategia y de coordinación del Gobierno central con los afectados y las comunidades. Falta personal y dotación, ahora mismo no se puede acometer esa labor porque no hay recursos, aunque sea una competencia autonómica, entienden en los diferentes departamentos de la DGA.

La falta de concreción y de consistencia para la aplicación de posibles sanciones, la dificultad para aplicar la norma y el nulo consenso con las comunidades autónomas, a las que invaden en sus competencias al tener que aplicarse a través de ellas, han elevado las críticas y las dudas. Tampoco se entienden las prisas, la falta de información, la especie de caos que ha provocado este decreto, del que ahora ni siquiera se sabe cómo aplicarlo y hacerlo cumplir.

"Está bien legislar, pero hay que hacer una reflexión profunda cuando legislamos para abordar todos los efectos y tenerlo previsto"

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Mayte Pérez ha afirmado que el plan lo van a analizar "bien" para saber "qué implica exactamente en cuanto a quién realiza los controles y, sobre todo, quién va a poner los recursos necesarios" para poner en práctica las medidas. "Está bien legislar, pero hay que hacer una reflexión profunda cuando legislamos para abordar todos los efectos y tenerlo previsto", ha precisado.

Es necesario conocer, por tanto, con qué medios se van a sufragar esos cambios por parte de las comunidades autónomas, que tienen un margen escaso. “La voluntad y la intención del decreto coincide con lo que ya muchas administraciones estamos haciendo. Lo prudente es analizarlo en consecuencia y ver qué impacto tiene. Y si realmente supone un incremento, que parece ser que sí, ver con qué medios se va a poder sufragar. Las comunidades tenemos muy limitado nuestro grado de ejecución de la financiación, pagamos servicios públicos, sanidad, educación servicios sociales… y tenemos escaso margen en otros asuntos". 

“Hay que ser prudentes y analizar bien el decreto mediante los órganos que tenemos de interlocución con el Gobierno central para ver el impacto de la medida y las necesidades que acarrea", ha insistido la consejera, que ha recordado que desde que Javier Lambán llegó al Gobierno de Aragón en 2015 sus actuaciones se han basado en el objetivo de conseguir un Aragón "social, digital y verde".

Todo esto se ha traducido, según Mayte Pérez, en medidas comprometidas con el contexto actual y que han supuesto "más de un 30% de ahorro en materia energética", en referencia al incremento de la eficiencia de las luminarias, la limitación de las temperaturas en los edificios públicos o su iluminación.

Para terminar y con cierto tono socarrón, la consejera ha explicado que "todo es susceptible de empeorar, como hemos visto con pandemias, borrascas y hasta una guerra a las puertas de Europa" que está complicando la economía y el suministro energético. "Estamos trabajando activamente en un nuevo modelo a través del autoconsumo y las comunidades energéticas locales, lo que no solo va a ayudar a hacer atractiva esta tierra sino a aminorar el impacto negativo que está teniendo el incremento de las energías".

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