Hasta 335 opositores desconocen si han superado la fase de concurso de un sistema de promoción interna convocado por el Servicio Aragonés de Salud. La resolución de los exámenes, que finalizaron el 3 de abril, se debería haber publicado en un plazo máximo de tres meses. Sin embargo, a 20 de agosto, los aspirantes todavía desconocen las calificaciones, algo que apremia pues, para el 20 de noviembre queda convocado el examen de los grupos técnico y administrativo y, para el 27, el de gestión.
El informe remitido al Justicia de Aragón, al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, solicita a este ente jurídico que requiera a la Dirección Gerencia del Servicio Aragonés de Salud la resolución, «a la mayor brevedad posible», del proceso selectivo convocado por Resolución del 24 de junio de 2021. Se trata de un sistema de promoción interna para la reconversión de plazas propias de la función administrativa del personal estatuario en centros aragoneses del Salud. Concretamente, en las categorías de técnico, gestión y administrativo de la función administrativa.
Los afectados ni tan siquiera conocen esa resolución provisional de la fase de concurso. Por eso denuncian que esta situación ocasiona un perjuicio no solo en su situación personal y laboral. Se trata también de un inconveniente económico por el retraso que supone la posible toma de posesión en la nueva categoría.
Esto último supondría «un considerable efecto negativo» en sus historiales profesionales. Por ejemplo, «de cara a la carrera profesional, a la hora de contabilizar el tiempo necesario desde la última posesión para participar en otros procesos selectivos o movilidades voluntarias, emolumentos económicos».
Como no conocen la posición en la que han quedado en esta fase de concurso, manifiestan su malestar por «la inseguridad jurídica» a la que se enfrentan para los siguientes procesos selectivos convocados. Por tanto, habrá «una merma importante» en el número de participantes de dichos procesos y se allanará el camino «para los posibles participantes que o bien no han podido participar en la reconversión o bien no lo han aprobado».
Argumentos jurídicos
Esos opositores reclaman que, como se encuentran ante un procedimiento administrativo, habría que tener en cuenta lo que indica la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas en su artículo 21. Se abrazan al punto cinco, que reza lo siguiente: «Cuando el número de las solicitudes formuladas o las personas afectadas pudieran suponer un incumplimiento del plazo máximo de resolución, el órgano competente para resolver, a propuesta razonada del órgano instructor, o el superior jerárquico del órgano competente para resolver, a propuesta de este, podrán habilitar los medios personales y materiales para cumplir con el despacho adecuado y en plazo».
