Padres de niños acosados piden el cambio de clase inmediato

Consideran que el protocolo de actuación inmediata ante posibles situaciones de acoso escolar del Gobierno de Aragón es una herramienta adecuada para prevenir conductas, pero denuncian que no se aplica. Hasta el punto, aseguran, de que las víctimas, y no los acosadores, son quienes acaban marchándose del centro donde sufren los malos tratos físicos y verbales.

Los solicitantes, que barajan crear una asociación, han decidido unirse a raíz de la tentativa de suicidio de la niña Saray, de 10 años, que intentó quitarse la vida en Zaragoza el pasado fin de semana porque, al parecer, era víctima de acoso por parte de grupo de compañeras en su clase de cuarto de Primaria del colegio Agustín Gericó.

«El baremo recoge un total de 12 condiciones para poder solicitar cambio de centro de enseñanza, entre ellas el hecho de sufrir violencia de género y ser víctima de terrorismo, pero no menciona en ningún momento que un menor acosado pueda optar a asistir a clase en un colegio diferente del que tiene asignado», explica Julio R. D., zaragozano de 44 años cuya hija ha tenido ideas suicidas «porque era acosada por sus compañeras y compañeros de curso».

La futura asociación de familias afectadas por el acoso escolar considera que el doloroso caso de Saray debe servir para llamar la atención a la sociedad y al Gobierno de Aragón sobre la «extrema gravedad» de abuso en las aulas.

«Hay muchos niños y niñas que padecen las mofas y las agresiones de algunos compañeros», subraya Julio. «Pero la mayoría de los casos no sale de las redes sociales, de forma que no se les da una solución, se enquistan y recaen con todo su peso sobre la familia, que vive angustiada», señala.

Por ello reclaman que los alumnos de ambos sexos que sufran acoso escolar «tengan prioridad» en el baremo que otorga puntuación según la causa alegada para cambiar de colegio y que incluye además condiciones como la de familia numerosa, situación de acogimiento y discapacidad reconocida. «Nuestra idea es crear una organización que agrupe a los progenitores a los que les afecta este problema, pues la mayor dificultad con que se encuentran las familias es con que están solas, dado que ni los colegios ni las instituciones ni los servicios sociales se implican lo necesario para resolver esta situación», afirma.

Julio asegura que se siente «totalmente desamparado». Tiene una hija adolescente que sufre acoso escolar desde hace varios años y él ha ido llamando a todas las puertas donde pensaba que le podían ayudar. «Pero me consta que nadie ha hecho nada», lamenta.

Y ello pese a que, según los expertos, su hija es uno más de los 400 menores en riesgo de suicidio detectados en Aragón durante el último año.

«Unos días antes del inicio del curso 20-21, mi hija se enteró de que iban a cambiarla de clase, justo a la clase donde estaban sus acosadores», relata. «Ella lloró al enterarse y me pidió insistentemente que hiciera algo, por lo que rogué al colegio por correo electrónico que, por favor, que no llevara a efecto ese cambio», continúa.

De hecho, Julio recordó a los responsables del centro que su hija había sufrido el acoso de niños de esa misma clase. Sin embargo, pese a sus desvelos, el colegio no le preguntó en ningún momento por ese caso de bullying, «y de hecho cambiaron a mi hija a esa clase». A partir de ahí, añade Julio, su hija «fue cada vez a peor y empezó a faltar a clase con más frecuencia», hasta desligarse de la vida escolar. H