El bloqueo que sufre la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de los jueces y magistrados, está produciendo trastornos en el funcionamiento de los tribunales de la comunidad, entre ellos plazas vacantes sin cubrir y juzgados que son necesarios pero no se crean. Así lo acaba de denunciar este viernes el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), Manuel Bellido Aspas, con motivo del acto de apertura del año judicial en la región.

En el caso de Aragón, ha denunciado Bellido, "hay actualmente dos vacantes que no pueden cubrirse": la presidencia de la Audiencia Provincial de Teruel y la plaza de magistrado de turno autonómico de la Sala Civil y Penal del TSJA.

El máximo responsable del Tribunal Superior de Aragón se ha referido, en esta línea, a "las graves consecuencias en que se encuentra el Poder Judicial español por la contienda política que impide su renovación y que ha llevado a suprimir competencias esenciales del órgano constitucional".

"Con una referencia a esta cuestión terminaba mis palabras del año pasado y debo comenzar las del presente por una razón de elemental responsabilidad, siguiendo el ejemplo del presidente Carlos Lesmes que ha puesto de manifiesto la gravedad de la situación", ha insistido.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, habla con Bellido en presencia de otros cargos. ANDREEA VORNICU

"Una grave anomalía"

La falta de renovación del CGPJ por el desacuerdo de los grupos parlamentarios, tras casi cuatro años desde el fin de su mandato, ha continuado Bellido, "constituye una grave anomalía para el adecuado funcionamiento de este órgano constitucional". "Desgraciadamente, en vez de resolverse, sus efectos se han agravado por la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 4/2021, que suprime competencias esenciales del CGPJ cuando está en funciones, impidiéndole nombrar a los magistrados del Tribunal Supremo y a otros cargos judiciales, situación que genera un grave deterioro en el funcionamiento del Alto Tribunal que, de seguir así, se extenderá pronto al resto de los órganos judiciales", ha avisado.

Bellido ha aludido a la erosión global de las normas políticas tradicionales y ha apuntado que la situación del CGPJ "perjudicad la imagen de nuestro país en la Unión Europea".

Al hacer un balance del pasado año judicial, el presidente del TSJA ha destacado las buenas cifras de resolución de asuntos en Aragón, que se sitúan por encima de la media nacional. No obstante, ha subrayado que "la actual situación no invita al optimismo".

La fiscal jefe de Aragón, durante su intervención. ANDREEA VORNICU

Necesidad de crear dos juzgados civiles más

"Observamos un incremento de asuntos en todas las jurisdicciones, pero que resulta especialmente preocupante en la civil, jurisdicción que lleva varios años con una importante sobrecarga de los juzgados de primera instancia", ha dicho Bellido. Estos, en particular los de Zaragoza, que tradicionalmente han sido un modelo de funcionamiento por la rapidez en el señalamiento de los juicios –entre dos y tres meses- se están retrasando por el incremento de litigiosidad, de manera que actualmente los juicios se celebran en un período de entre seis y nueve meses, como media, desde la admisión de la demanda, ha precisado.

Por ello, ha agregado, "si queremos revertir la situación, que puede agravarse como consecuencia de las dificultades económicas que ya está generando la guerra de Ucrania y su repercusión sobre la energía y los mercados, resulta imprescindible que para el próximo ejercicio se creen dos juzgados de primera instancia en Zaragoza cuya necesidad ha puesto de manifiesto el Servicio de Inspección del CGPJ".

Por ello, le ha pedido al Gobierno de Aragón que, pese a las dificultades, haga ese esfuerzo presupuestario "que revertirá positivamente en los ciudadanos y en la economía aragonesa, beneficiarios directos del trabajo de los órganos judiciales". 

Las diligencias por delito contra la libertad sexual, en alza

La fiscal jefe de Aragón, María Asunción Losada, ha hablado de la necesidad de especialización dentro del ministerio público, así como de la creación de nuevas plazas, y ha señalado que las diligencias previas por delitos contra la libertad e integridad sexual experimentan una tendencia al alza, cifra en un 54,64%.

Asimismo, Losada ha indicado que han aumentado las diligencias penales por delitos contra el patrimonio, “si bien no debe alarmar pues supone una recuperación de cifras anteriores a 2020”. Así, en el caso de la apropiación indebida se observa un incremento “constante” desde el año 2019, interrumpido en 2020.

En cuanto a la violencia de género se tramitaron 4.316 procedimientos penales, dos de ellos fueron por homicidio o asesinato. Y, al igual que en años anteriores, los delitos de más incidencia son los de maltrato y lesiones, seguidos de amenazas, mientras que registran una menor incidencia los de maltrato habitual.

En el terreno de los menores, las fiscalías provinciales específicas tramitaron un número igual o similar de casos, si bien se constata un aumento de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual cometidos por menores.

“Las cifras en Aragón no son alarmantes”, ha dicho la fiscal jefe de Aragón, “pero indican un crecimiento que debe preocuparnos como sociedad”. En este sentido, se ha referido al acceso sin control adecuado de los adolescentes a la tecnología y el desconocimiento del necesario respeto a la libertad ajena, lo que incide, a su juicio, en el aumento de estas conductas. Pese a ello, en el caso de los menores, se ha verificado una disminución de los delitos de violencia doméstica en relación con 2020.

Asimismo, ha hecho referencia a las circunstancias creadas por la llegada de menores de Ucrania, “vulnerables” y víctimas potenciales de posibles delitos. Por ello ha apuntado que las fiscalías hacen un esfuerzo especial, en “coordinación” con la Policía y otros servicios, con el fin de atender debidamente a estos menores.