El titular del Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca ha confirmado la suspensión del juicio que debía celebrarse este miércoles contra los exconsellers de Cultura de la Generalitat de Cataluña Santi Vila y Lluis Puig en relación con los bienes del Monasterio de Sijena y enviará una "exposición razonada" al Supremo para que decida qué tribunal es competente para juzgar a este último. El Supremo deberá decidir si el juicio se celebra en este alto tribunal o en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. En la exposición razonada el magistrado oscense argumentará los motivos por los que se entiende que la competencia del citado juicio no corresponde al Juzgado de Huesca.
El juez ya decidió la pasada semana suspender la vista por presunta desobediencia a un mandato judicial que ordenaba el traslado de piezas de este monasterio desde el Museo de Lérida que debía celebrarse el 5 de octubre contra Santi Vila y Lluis Puig, tras ampararse éste último en su condición de aforado como diputado del Parlamento catalán para reclamar la celebración de la vista en Cataluña.
La decisión del responsable judicial se sustentaba en un informe remitido por el letrado mayor de la Cámara catalana en el que se certifica que Lluis Puig fue elegido diputado regional en febrero de 2021 por la circunscripción electoral de Barcelona, y que un mes después accedió al "pleno ejercicio de la condición de miembro del Parlamento de Cataluña, que ostenta en la actualidad".
A la vista de este informe, el magistrado oscense, que se dirigió hace unos días a la Cámara catalana para que informara acerca de si Puig -prófugo de la justicia española a causa de su implicación en el procés- era miembro activo de la institución a pesar de su ausencia continuada desde el inicio de la legislatura, y optó por dirigirse al Supremo para verificar a qué tribunal le corresponde la jurisdicción del caso.
Con la providencia conocida hoy, y fechada el pasado viernes, 30 de septiembre, el juez confirma oficialmente la decisión de suspender el juicio y dictar la exposición razonada de los motivos por los que considera que su juzgado no tiene competencias.
Por los hechos denunciados, la Fiscalía de Huesca solicita para cada exconsejero 11 meses de prisión y multa de 18 euros diarios durante 11 meses como presuntos responsables de un delito de desobediencia.
Por su parte, la acusación particular en nombre del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, que ostenta el letrado Jorge Español, pide la misma condena de cárcel pero eleva la cuota a 300 euros diarios durante 11 meses, así como dos años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Vila por presunta usurpación de funciones judiciales. Contra la resolución dictada por el juez oscense cabe recurso de reforma en un plazo de tres días.
