Sin demoras, la próxima comisión de Hacienda del Ayuntamiento de Alcañiz aprobará la modificación presupuestaria necesaria para afrontar el pago de las indemnizaciones a los 17 afectados por el derrumbe de Pui Pinos en 2017. La sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha elevado la responsabilidad del consistorio en dicho derrumbe del 50% inicial –según la sentencia del Contencioso Administrativo de Teruel– al 80%, y limita la implicación de la empresa Servicios Integrales de Fincas Aragón SL (Sifa) al 20%.
"Vamos a respetar lo que dijimos en la campaña electoral: no recurriremos la sentencia y, de la forma más rápida posible, queremos acelerar el pago a los afectados, que llevan ya muchísimo tiempo esperando", explicó el alcalde de Alcañiz, Ignacio Urquizu, que no se encontraba en el cargo cuando ocurrieron los hechos, en la pasada legislatura, cuando el primer edil era el popular Juan Carlos Gracia Suso.
El ayuntamiento ya pagó inicialmente 650.000 € por su responsabilidad en el derrumbe, que se llevó por delante varias casas y obligó a desalojar a los vecinos durante meses, además de a acometer obras de urgencia. Con la nueva sentencia, deberá aumentar su aportación en 425.000 euros más, superando la indemnización total el millón.
Para sufragar dicha cuantía, el equipo de Gobierno destinará 350.000 euros procedentes del fondo de contingencia municipal y realizará una modificación presupuestaria por 75.000 euros.
"Las partidas proceden de algunas obras que estamos licitando ahora y que contaban con cuantías que no nos daba tiempo a gastar", señaló Urquizu. Una modificación que espera que se apruebe en el pleno de noviembre para que, "como tarde", "el dinero esté en el juzgado en diciembre".
La sentencia del TSJA considera que la responsabilidad del consistorio en el derrumbe fue mayor que la de la empresa de riego. "Había un peligro latente" conocido desde 1981, señala el fallo, que advierte de la existencia de una grieta ya conocida en diciembre de 2016, así como de "una falta de coordinación entre la técnico de Medio Ambiente y la arquitecto municipal". La empresa, recuerda el TSJA, apenas llevaba dos meses con el contrato en marcha, por lo que reduce su implicación del 50% al 20%.
