El Gobierno de Aragón está dispuesto a plantar batalla para conseguir que los criterios para la elección de la Agencia Espacial Española sean más justos con las zonas del país más despobladas. El Ejecutivo autonómico aprobará este miércoles en el Consejo de Gobierno el primer movimiento de su reclamación, que pasa por enviar un requerimiento previo al Ministerio de Política Territorial, al que se pedirá la suspensión cautelar del plazo de 30 días para presentar candidaturas. Tiene un mes para responder, que puede ser negativa e incluso no llegar, por lo que se acudiría a la vía contencioso-administrativa.
La intención es que el ministerio reconsidere los criterios fijados que atentan contra los principios de cohesión y equilibrio territorial, y abra más tarde un nuevo plazo. En todo caso, da inicio al procedimiento al considerar que no se ajusta a Derecho «y resulta gravemente perjudicial para los intereses de la comunidad al ahondar en el desequilibrio territorial», que precisamente el proceso aspiraba a invertir.
El paso de hoy en el Consejo de Gobierno servirá para constatar lo anunciado el pasado viernes por el director general de Investigación e Innovación del Ejecutivo aragonés, Ramón Guirado.
El Ejecutivo regional considera que los criterios que basarán la decisión, «lejos de vertebrar el país, como defendió desde el principio el Gobierno central, profundizan en el desequilibrio territorial, perpetúan la brecha entre zonas consolidadas y la España vaciada y niegan la igualdad de oportunidades para los territorios de la España más despoblada, como Teruel».
El documento que se dirigirá al Ministerio de Política Territorial censura que los baremos de selección adoptados por el Consejo de Ministros «vulneran de forma flagrante la mayor parte de los principios que deberían haber regido la elección de la sede», de acuerdo al Real Decreto para la determinación de las sedes físicas de las entidades pertenecientes al sector público institucional estatal.
Estos principios son vertebración, equilibrio territorial y adecuación al sector de la actividad. Igualmente, el Gobierno de Aragón entiende que se vulnera el artículo 103.1 de la Constitución española y el artículo 3 de Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.
El requerimiento constata que los parámetros exigidos, especialmente en lo que respecta a la existencia de infraestructuras como tren de alta velocidad y aeropuerto internacional con conexiones a siete capitales europeas a una distancia inferior a una hora, «en modo alguno responden a una voluntad de vertebración del territorio ya que solo pueden cumplirlos territorios perfectamente vertebrados».
El Ejecutivo autonómico apoyará también su demanda en que se ignora la propia declaración de intenciones de la Comisión consultiva responsable del proceso de descentralización, que indicaba que se considerarían «la cohesión social y territorial, la mejora en el funcionamiento de los servicios públicos, los niveles de desempleo y la lucha contra la despoblación», hasta el punto de que el proceso «se distancia gravemente del planteamiento inicial invocado por la Administración del Estado».
