El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón debe reducir cada mes las listas de espera en unos 430 pacientes si quiere conseguir su objetivo de llegar a finales de 2023 con solo 1.500 personas en situación de demora. Es decir, el Ejecutivo autonómico tiene por delante 15 meses para lograr una meta que, por el momento, sigue partiendo de cifras muy altas: hay casi 8.000 aragoneses (7.925, en concreto) esperando una operación desde hace más de seis meses, según los datos actualizados este viernes por el Salud. Es decir, la reducción que debe producirse alcanzaría los 6.425 pacientes.
En septiembre apenas ha disminuido la lista de espera en 50 pacientes. Es una mejora muy leve, pero hay que tener en cuenta que todavía se arrastra el contexto estival, ya que en verano baja mucho la actividad asistencial debido a las vacaciones y, de hecho, las demoras siempre crecen.
En cualquier caso y una vez superado ya el periodo veraniego, es ahora cuando Sanidad tiene por delante el gran reto, ya que en este último trimestre del año debe producirse una gran bajada de las cifras si se quiere llegar con garantías al objetivo del plan de choque.
La estrategia de Sanidad, que cuenta con un presupuesto de 30 millones de euros, contempla derivaciones a las clínicas privadas por una cuantía de 13 millones. Estas ya se están realizando, pero se van a intensificar.
Según explicó este viernes en el pleno de las Cortes la consejera de Sanidad, Sira Repollés, en los próximos meses se van a realizar hasta 676 intervenciones de cataratas en 18 sesiones quirúrgicas, mientras que en el hospital Miguel Servet de Zaragoza se va a operar también los sábados por la mañana, lo que permitirá aligerar procesos. Además, se prevén hasta 600 sesiones de tarde para dar salida a 2.400 pacientes. También se activará de forma más intensa la contratación de suelo quirúrgico de la privada para que el personal del Salud opere en estos lugares.
Teniendo en cuenta la evolución de 2022, las listas de espera han mejorado considerablemente si se comparan con las cifras de enero. En dicho mes, según recordó Repollés, la bajada es de casi un 25% en nueve meses. «Son unos mil pacientes menos», señaló la consejera, que intervino tras una interpelación de la popular Ana Marín.
Cruce de acusaciones
Desde enero, prácticamente la totalidad de las especialidades han reducido sus demoras de más de seis meses y destaca Traumatología, el área históricamente más afectada. En su caso, se ha logrado reducir en 541 personas la espera en nueve meses. De todo modos, aquí todavía hay 2.751 pacientes que esperan una intervención.
«Las cifras de febrero a julio han descendido un 5,8% y son similares a las que tuvo el PP en marzo de 2014, con la diferencia de que nosotros hemos tenido una pandemia y en su caso hubo recortes, de los de verdad. Despidieron personal y decidieron jubilar forzosamente a 700 facultativos», le contestó Repollés a Marín. En su réplica, la popular acusó a la consejera de «compararse» con el PP. «Si no existiera el PP se quedaría sin argumentos», señaló Marín, quien aseguró que el actual plan de choque es «un copia y pega del anterior proyecto que no llevaron a cabo».
En este rifirrafe sanitario, la diputada del PP sacó a relucir desde la polémica de esta semana por las declaraciones de Mayte Pérez hasta «el despido» en plena ola covid «de 2.600 profesionales cuando les fiscalizaron las cuentas porque no saben gastar, porque en la palma de la mano tienen un agujero por donde se les cae el dinero de todos», acusó Marín. Algo que Repollés negó. «Mienten de forma torticera. No despedimos a 2.600 profesionales, porque ¿dónde están? Los contratos covid acababan en esa fecha y al día siguiente estaban contratados en otro sitio», dijo la consejera. «En tiempos de Rudi había 15.000 contratados, «números mínimos históricos y ahora son 21.000», reiteró.
