Siete años llevan de espera los familiares de los hermanos Antonio Ramiro y Manuel Lapeña Altabás su inminente exhumación del Valle de los Caídos. Incluso es posible que la monumental construcción franquista cambie de nombre antes de que la familia recupere los restos: con la entrada en vigor de la nueva ley de Memoria Democrática, pasará a denominarse Valle de Cuelgamuros. «Parece que hay más prisa por sacar a militares como Queipo de Llano que por recuperar a los Lapeña», lamentan los miembros de la familia, que envejecen mientras su lucha se diluye.
La familia espera que la nueva normativa promulgada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que entró en vigor el pasado viernes suponga un impulso definitivo a la exhumación de los dos hermanos. Los Lapeña fueron fusilados sin juicio previo en el barranco de la Bartolina durante los primeros meses de la guerra civil por su vinculación a la central anarquista CNT. Sus restos fueron enterrados en el Valle de Los Caídos sin avisar a sus familias, y no fue hasta hace siete años cuando llegaron las buenas noticias tras una sentencia judicial que instaba a la recuperación de los hermanos para recibir un entierro digno.
La familia critica la falta de noticias y transparencia. «No sabemos nada nuevo, la verdad es que últimamente no tenemos ningún contacto con el ministerio y nos enteramos de las noticias por la prensa», explica Miguel Ángel Capapé, miembro de la asociación memorialista Arico y marido de una de las nietas de Manuel Lapeña. El año pasado, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid decidido suspender las medidas cautelares aplicadas en noviembre de 2021 que provocaron la paralización de la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a Patrimonio Nacional para exhumar a las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos al considerar que se podrían producir «daños irreparables» en el lugar.
Sin embargo, la nueva normativa en materia de reparación de los daños del franquismo pretende eliminar toda glorificación de los militares franquistas. Una de las primeras medidas tomadas por el Ejecutivo ha sido la exhumación del militar golpista Gonzalo Queipo de Llano, cuyos restos descansan junto a los de su esposa en la Basílica de la Macarena en Sevilla, «a la mayor brevedad posible». Será inhumado en el columbario de la misma basílica. La familia de José Antonio Primo de Rivera pidió la exhumación del fundador de Falange Española hace dos semanas.
La nueva legislación obligará de este modo a la reinhumación de los cadáveres de los militares franquistas enterrados con honores. No habrá ningún caso en Aragón, al menos conocido, según las fuentes consultadas, tanto institucionales como memorialistas.
