La tarifa de último recurso es la opción cuyo precio está regulado por el Gobierno central y se caracteriza porque solo puede ser vendida a un coste casi fijo por las comercializadoras de referencia –Naturgy, Endesa, Iberdrola y Totalenergies–. Su precio es el establecido por el mercado mayorista en función de la oferta y la demanda del suministro y es desde el pasado 28 de septiembre una opción para las comunidades de vecinos que utilizan gas para sus calefacciones centrales. Se revisa trimestralmente, pero su precio se sitúa ahora mismo entre 0,0821 y 0,0705 euros el kilowatio hora, según el consumo de la comunidad.
Sin embargo, la revisión de estos precios es trimestral, lo que despertó ciertas reticencias entre las comunidades de vecinos por si pudiera incrementarse el precio por encima de otros contratos. Sin embargo, el Gobierno aprobó en octubre otro decreto en el que limita al 5% la subida trimestral hasta finales de 2023.
En cualquier caso, para calcular el precio para cada comunidad se determina la media del consumo de gas de la comunidad en los últimos cinco años. Sobre la cifra arrojada, se aplica un descuento del 40% sobre el 70% del consumo; el 30% restante se paga a precio de mercado. Según el último informe de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), publicado a finales del año pasado, en España hay 7,9 millones de clientes de gas, de los cuales solo el 20% tiene una tarifa regulada, hasta 1,5 millones de usuarios. Esta cifra se mantuvo inalterable durante el año pasado, pese a que entonces ya estaba vigente la rebaja de los precios.
La CNMC ha abierto un expediente informativo a las grandes compañías del sector del gas natural para analizar si se está entorpeciendo el trasvase masivo de clientes a las tarifas reguladas del gas que se está produciendo ya por el nuevo paquete millonario de ayudas puesto en marcha por el Gobierno.
