Más de 15 años después de su constitución y en la única reunión celebrada hasta la fecha, el patronato del archivo de la Corona de Aragón volverá a sentarse a la mesa el próximo 15 de diciembre. Será el culmen de una larga reivindicación en la lucha por mejorar la gestión del patrimonio histórico aragonés a través de uno de los archivos públicos más antiguos del mundo.
La sesión del pleno del patronato se celebrará en Barcelona, en el Palacio de los Virreyes, la sede histórica del Archivo de la Corona de Aragón. Así lo ha anunciado este martes el Gobierno de España tras comunicar en el Boletín Oficial del Estado del 7 de noviembre el nombramiento de los ocho vocales por designación propuestos por el Ministerio de Cultura y Deporte y por las Comunidades Autónomas de Aragón, Valencia, Cataluña y Baleares, de entre personalidades relevantes del ámbito de la cultura, la investigación histórica y el mecenazgo.
De hecho, el ministro de Cultura, Miquel Iceta, dijo este verano que el órgano se convocaría «en septiembre u octubre» tras ser su actividad paralizada en 2007 a pesar de los continuos requerimientos de la comunidad aragonesa para que se reanudara su actividad.
Chunta Aragonesista ha celebrado este miércoles la «histórica» convocatoria del patronato. «Después de años de reiterados incumplimientos por parte de los sucesivos Gobiernos de España de diferentes colores políticos, es una magnífica noticia que por fin se vaya a reunir este órgano de cooperación entre las cuatro comunidades autónomas que constituían la antigua Corona de Aragón», ha afirmado Isabel Lasobras, la secretaria general de la formación, tras asegurar que después de «decenas de iniciativas presentadas por CHA, por fin se cumple esta reivindicación histórica de Aragón para mejorar la gestión de este patrimonio histórico, uno de los archivos públicos más antiguos del mundo».
El Archivo de la Corona de Aragón, uno de los fondos documentales más valiosos de la Edad Media en Europa, fue creado, según recoge el Ministerio de Cultura en su página web, como decisión soberana de Jaime II de Aragón, en 1318. Durante siglos tuvo la consideración de archivo real, propiedad estricta del monarca, y hasta 1770 estuvo alojado en el palacio real de Barcelona, y junto con las escrituras referentes al patrimonio real se custodiaron allí los documentos de gobierno y justicia, entre ellos las series de registros de la cancillería.
«Sus fondos documentales afectan al devenir histórico de territorios actualmente bajo distintas soberanías, el Rosellón, la Cerdaña, el Conflent y el Vallespir, Córcega, Cerdeña, Sicilia, pero especialmente a los de Cataluña, Valencia, Aragón e Islas Baleares», tal y como se expone en el real decreto de 2006, de 8 de noviembre, por el que se crea el patronato del archivo.
